Las irregularidades y las prácticas abusivas son constantes en las low cost que siguen cobrando por la impresión de la tarjeta de embarque (que es el contrato que da derecho a viajar y debemos tener una copia de él sin pagar un extra) o por facturar la maleta (cuando la Ley de Navegación Aérea explicita que el transportista está obligado a trasladarlas dentro del precio del billete).
Aunque las low cost han sido denunciadas en diversas ocasiones por la Unión de Consumidores, siguen aplicando condiciones y prácticas claramente abusivas, vulnerando los derechos y los intereses de millones de consumidores sin que el gobierno español les imponga sanciones ejemplarizantes que terminen con este ejercicio. En tal sentido llama mucho la atención que hace solo un mes el Gobierno anunciara un refuerzo de “la coordinación de la Administración General del Estado en materia de protección a los consumidores” cuando en un sector que mueve millones de viajeros anualmente la sensación de impunidad para las empresas es absoluta.
Por todo ello, resulta obvio que si la Administración, y especialmente el Instituto Nacional de Consumo no cumple con su cometido, estas empresas podrán seguir campando a sus anchas. De hecho, y teniendo en cuenta los escándalos que viene protagonizando el sector aéreo en los últimos tiempos, la Unión de Consumidores se pregunta a qué se debe la impunidad de la que disfrutan estas empresas por un lado, y la pasividad del Gobierno por otro.
