Aunque UCE-Andalucía valora la creación del Observatorio del Agua de Andalucía y que éste prevea dos grupos de trabajo según se aborde el suministro urbano o no –tal y como esta federación propuso–, UCE-Andalucía apuesta por la creación de consejos consultivos diferenciados. De esta forma, y según Gómez Boza, “la posición de los usuarios domésticos no quedaría solapada por el peso económico de los sectores productivos”.

Sobre la estructura tarifaria del agua

UCE-Andalucía, consciente de que es necesario racionalizar la estructura tarifaria del agua habida cuenta de la disparidad de los modelos existentes en municipios y suministradores, considera que la estructura de tramos incorporada al proyecto es escasa.

    Según UCE-Andalucía, y considerando el momento de dificultad económica que se atraviesa actualmente, habría que apostar por la ampliación de tales tramos a 4m3 por cada miembro de la unidad familiar que exceda de cuatro (y no de 3 m3, como prevé el proyecto).

El establecimiento del nuevo canon de mejora

Aunque se ha atendido a la petición de UCE-Andalucía relativa a la aplicación gradual del canon al usuario doméstico hasta en cinco años, la federación de consumidores considera “elevado el importe de un euro que se propone” y es imprescindible “que queden exentos de dicha tributación los consumos sociales de los domicilios inferiores a los 6 m3 y no los 2 m3 previstos”.
  

 Según el INE, en el año 2006 cada andaluz consumía entre 150 y 165 litros de agua diarios. Esta cifra, que podría estar hoy –por los esfuerzos realizados por la ciudadanía– en 130 litros implica 3,9 m3 por habitante al mes. Por tanto, UCE-Andalucía propone que queden exentos de este gravamen los consumos por habitante inferiores a 2 m3 (y no por domicilio, tal y como prevé el proyecto).
  

 Por otra parte, UCE-Andalucía considera que deben gravarse más los usos rentistas o lucrativos del agua frente al uso doméstico.

Medidas de apoyo a un consumo eficiente

UCE-Andalucía demanda que la Ley contemple la articulación de líneas de financiación que permitan a los usuarios domésticos sustituir los contadores comunitarios por contadores divisionarios para racionalizar y optimizar sus consumos particulares.