Andalucía, 19 de noviembre de 2012. Este mediodía, una delegación de la Unión de Consumidores de Andalucía encabezada por su presidente, Juan Moreno, y uno de sus vicepresidentes, Miguel Ángel Ruiz Anillo, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para trasladarle a los grupos parlamentarios sus alegaciones al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013.

    La Unión de Consumidores de Andalucía, consciente de la grave crisis económica por la que atraviesa el país, sigue defendiendo que “una cosa es administrar los recursos públicos con rigor y eficiencia y otra muy distinta que las administraciones públicas dejen de acometer la conveniente labor de incentivos necesarios para el fomento de la economía productiva, el empleo y el consumo”, tal y como ha indicado el presidente de la federación de consumidores, Juan Moreno.

    Cuando el pasado enero se firmaba el I Pacto por la Garantía de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias, resulta contradictorio que la partida presupuestaria destinada al consumo se haya visto reducida casi un 10% con respecto a la del año anterior. En este sentido, Juan Moreno ha afirmado que “esas cifras de escasos y disminuidos recursos convierten en papel mojado el desarrollo de este pacto, sobre todo si tenemos en cuenta que el apoyo a las asociaciones de consumidores desciende un 24%, a las federaciones un 20% y al fomento del Sistema Arbitral de Consumo un 8%.

    La Unión de Consumidores ve a diario “cómo la situación de crisis propicia la proliferación de conductas de riesgo en el mercado” tales como la merma de la calidad para disminuir los costes de producción, desinversión en políticas y canales de atención al cliente, intrusismo y economía sumergida, reducción de las garantías sanitarias en los productos puestos en el mercado, proliferación de “mercanías-basura” de bajo precios, fraudes, estafas, etc.

    Por todo ello, la Unión de Consumidores apuesta por el reforzamiento de los mecanismos de tutela, de garantía, de seguridad… “pero sobre todo de formación, de información, de participación y de resolución de conflictos, en los que las organizaciones de consumidores juegan un papel crucial”, ha aseverado Moreno.

    Para terminar, la Unión de Consumidores de Andalucía ha destacado la dotación prevista para las políticas de solidaridad de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales para las áreas de voluntariado, administración local y consumo.  En el área de consumo, la articulación concertada con las organizaciones de consumidores del Programa de Consumo Responsable y Solidaridad podría y debería contribuir a contrarrestar la merma de recursos.

Andalucía, 15 de noviembre de 2012. Habiendo tenido conocimiento de la aprobación en Consejo de Ministros del Decreto-Ley de Protección de los deudores hipotecarios, la Unión de Consumidores de Andalucía quiere manifestar su opinión sobre el mismo señalándolo como insuficiente y carente en su formulación de la necesaria participación social que requería el asunto.

En este sentido, aunque esta nueva regulación supone un importante avance, consideramos que se queda corta a la hora de solventar de una manera decidida todas las reivindicaciones que la sociedad exigía en cuanto a este tema. Así, se trata de un acuerdo alcanzado de mínimos con importantes carencias.

Desde nuestro punto de vista, las situaciones familiares que se recogen nos parecen insuficientes y podrían dejar fuera a muchísimas casuísticas que como organización de consumidores conocemos y atendemos a diario en nuestras oficinas a la hora de solicitarnos asesoramiento en la materia. En base a ello, se debería extender, desde una visión más amplia, al conjunto de la población que pueda ser vulnerable y no exclusivamente a los supuestos tasados en la redacción conocida, como colectivos sociales desfavorecidos.

Igualmente, nos parece negativo que no se haya producido un cambio en la legislación hipotecaria y que no se haya accedido a lo que la propia jurisdicción europea está marcando como situación no ajustada al derecho comunitario, concretamente de la Directiva 93/13.

En principio, nos parece positiva la creación del Fondo Social de Viviendas como bolsa de pisos para alquilar, siendo aportados éstos por la banca. No obstante, habrá que ver los niveles de renta que se fijan al respecto y que, según nuestro entender, deben ser mínimos para que la medida no sea un simple maquillaje.

En definitiva, es un decreto insuficiente que evidencia en sus palpables carencias la falta de participación que el mismo se constata y criticamos desde muchas entidades sociales y ciudadanas. Ya lo indicábamos la semana pasada y el resultado lamentablemente ha sido el que esperábamos.

UCA/UCE solicita nuevamente la regulación de lo que exigimos como solución del problema: la dación en pago. Solo una normativa de obligado cumplimiento para las entidades financieras, y no un Código de Buenas Prácticas voluntario, puede otorgar una mejor posición al interés ciudadano en esta materia.