Andalucía, 7 de agosto de 2012. Ante la presentación de la iniciativa por parte del Ministerio de Agricultura de elaborar un proyecto de ley para aclarar la situación de los incrementos de precios de los productos alimenticios desde que salen de la producción en origen hasta que llegan al consumidor final, la Unión de Consumidores de Andalucía se muestra satisfecha con la respuesta a una petición que desde hace años venimos demandando de la mano del sector de la producción agroalimentaria.000-N19
No en vano, desde hace años, con la elaboración mensual del IPOD (Indice de Precios en Origen y Destino), desde la Unión de Consumidores y en colaboración con la organización agraria COAG venimos denunciando tanto los desorbitados diferenciales de precios, con una media de incremento del 500
%, como las actuaciones puntuales especulativas sobre determinados productos de temporada, lo que ha evidenciado los abusos de poder y las posiciones dominantes que han perjudicado tanto al productor –que ha llegado a vender incluso por debajo de los costes de producción- como al consumidor final, víctima de estas actuaciones especulativas.

No obstante, en el anuncio del citado Proyecto de Ley  no nos queda clara del todo la transparencia que venimos exigiendo de cara a la trazabilidad del precio hacia el consumidor y se nos antoja escaso e irrelevante que la iniciativa se base exclusivamente en un permiso para utilizar algún logotipo  para dilucidar quiénes y cómo actúan correctamente en el ámbito de la comercialización agroalimentaria desde la huerta o granja hasta la mesa del consumidor.

Como Unión de Consumidores, en diferentes ocasiones hemos trasladado a diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados nuestras propuestas para la elaboración de una ley de comercialización agroalimentaria que pusiera coto a las posiciones de dominio y que corrigiera los abusos desde el punto de vista de la salvaguarda de la competencia y la transparencia en la conformación de los precios finales.

Igualmente, desde UCA-UCE, reiterando la necesidad y la oportunidad de acometer esta tarea normativa, apostamos por que este nueva legislación no se circunscriba al ámbito de los productos perecederos de la agricultura sino que amplíe sus miras a otros sectores de la alimentación como la ganadería, la pesca o de los lácteos.

En cualquier caso, como Unión de Consumidores insistiremos en que la anunciada participación de este proyecto normativo no se base exclusivamente en la interlocución entre los Ministerios de Agricultura y Economía o con las autoridades de Competencia, sino que apueste por una amplia participación con las organizaciones representativas de los productores de origen y con las organizaciones de consumidores y usuarios garantes, estas últimas, 000-113
de los derechos y legítimos intereses de la ciudadanía en este ámbito.   

Andalucía, 3 de agosto de 2012. En el día de hoy se está cumpliendo la huelga de 24 horas prevista en el sector ferroviario y ello está ocasionando importantes perjuicios para los usuarios de este tipo de transporte. Más si cabe, en la fecha en la que nos encontramos de salida masiva de ciudadanos para disfrutar de unos días de vacaciones en el mes de agosto.

UCA-UCE lamenta que, una vez más, un teléfono de información para el ciudadano sea un 902, es decir, un teléfono de tarificación especial. Así, el coste de la llamada a estos teléfonos es superior al de una llamada a un abonado a la red telefónica y, además, ninguna compañía telefónica lo incluye en su régimen de tarifa plana, debiendo el abonado asumir su coste por separado a la tarifa plana que hubiere contratado.

Esta es una queja muy habitual cuando se producen problemas que afectan a los intereses de los consumidores y usuarios y, por ello, la Unión de Consumidores de Andalucía quiere manifestar su queja por esos usuarios que, aparte de ver complicado su transporte, tal y como sucede en este caso, tienen que abonar el coste de una llamada a un teléfono 902.

Además, se produce la circunstancia del uso masivo de este teléfono por la huelga lo que significa un mayor tiempo de espera con el consiguiente coste económico en teléfono. Así, técnicos de la Unión de Consumidores de Andalucía han efectuado varias llamadas para hacer comprobaciones y, de media, el tiempo en el que se tarda en atendernos es de unos cinco minutos. Por tanto, son cinco minutos de coste adicional para los usuarios afectados por la huelga.  

Esta es una práctica más que habitual en empresas privadas pero, en este caso, estamos hablando de una empresa todavía pública y, por tanto, debería gozar de medios gratuitos de carácter telefónico para atender a los ciudadanos que, por vía de impuestos pagan el servicio prestado en el sector ferroviario.

Por todo ello, desde la Unión de Consumidores de Andalucía queremos solicitar a la Administraciones Públicas medidas a favor de no perjudicar más si cabe los intereses de los consumidores afectados por estas situaciones y establezcan teléfonos de información gratuita (los 900) o bien faciliten teléfonos que tengan el carácter de llamada local, es decir, que sean incluidas esas llamadas en la mayorías de tarifas planas gratuitas para este tipo de conexiones telefónicas.