Sevilla, 26 de octubre de 2010. El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente hoy el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 (que remitirá al Parlamento para su ratificación), que ascenderá a 31.682, 2 millones. Esta cifra supone un descenso del 6,1% o, lo que es lo mismo, alrededor de 2.000 millones de euros menos con respecto a 2010.
En este descenso económico, las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de consumo se han visto considerablemente mermadas, una realidad que la Unión de Consumidores quiere rechazar rotundamente habida cuenta de que, con el contexto de crisis que padecemos actualmente, prolifera la picaresca y se suceden y reiteran los fraudes y estafas que afectan a los bolsillos de tantos andaluces –como recientemente se ha comprobado en el sector del jamón ibérico de bellota, primero, y el aceite de oliva virgen extra, después–.
Escenarios como este propician muchos más riesgos, negligencias y desconsideraciones hacia los consumidores y usuarios que demandan más y mejores medidas de inspección, regulación, formación e información. La Unión de Consumidores considera que en actual marco de precariedad económica, la ciudadanía debe sentirse –y estar realmente– más protegida que nunca para confiar en que cada euro que invierte en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios va a tener la contraprestación esperada, ayudando así a reactivar una economía tan maltrecha como la que tenemos.
De momento, y afortunadamente, los fraudes de las últimas semanas no han comprometido de forma importante la salud o la seguridad de la ciudadanía pero si siguen repitiéndose irregularidades como esas, podríamos acudir a situaciones más graves (con toda la gravedad que de por sí implica perder dinero en una crisis como esta).
Por todo ello, la Unión de Consumidores de Andalucía exige a la Administración andaluza políticas de consumo de calidad contrastadas y eficaces que defiendan a los consumidores ante posibles estafas.
