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La Unión de Consumidores de Andalucía alerta sobre un nuevo caso de phising, una estafa cibernética que consiste en correos electrónicos y páginas web que fingen pertenecer a páginas institucionales de confianza para requerir datos sensibles a los usuarios, como números de cuenta, pins o contraseñas secretas de las cuentas.
La Unión de Consumidores alerta de que en este caso se copia la imagen de la Agencia Tributaria que informa al usuario de que han detectado en su declaración un fallo a su favor de 284 euros y que para cobrarlos debe cumplimentar un cuestionario en el que, entre otros datos sensibles, solicitan el número de cuenta.

La Unión de Consumidores se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria que les comunicó que se trataba de una estafa y que el caso estaba en manos de las autoridades online casino competentes.

Habida cuenta de que estos casos son cada vez más frecuentes, desde la Unión de Consumidores ofrecemos las siguientes recomendaciones:

•    No abra correos electrónicos sospechosos ni enviados por desconocidos.

•    No acceda a links a través de un correo electrónico personal.

•    No responda a e-mails que le pidan que revele sus claves.

•   Utilice un antivirus, actualícelo periódicamente e instale un firewall en su ordenador, especialmente si cuenta con banda ancha o permanece mucho tiempo conectado.

•   No desvele nunca sus números de cuenta o claves, ni siquiera en correos remitidos por el personal de su banco o de alguna institución seria. Estas entidades cuentan con herramientas para comprobar esos datos sin pedir la clave, por ello nunca lo hará a través de un correo electrónico.

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La Unión de Consumidores de Andalucía ha de mostrar su creciente preocupación por la actuación de las autoridades competentes, y especialmente del Instituto Nacional de Consumo en la defensa y protección de los derechos y legítimos intereses de los usuarios de servicios de líneas aéreas –especialmente de bajo coste o low cost– ante los continuos abusos a los que éstos se ven sometidos. Dichas compañías incumplen –impunemente y de manera sistemática y reiterada– diferentes normativas sin que una de las principales administraciones con competencia en materia de consumo haga nada.

    Las irregularidades y las prácticas abusivas son constantes en las low cost que siguen cobrando por la impresión de la tarjeta de embarque (que es el contrato que da derecho a viajar y debemos tener una copia de él sin pagar un extra) o por facturar la maleta (cuando la Ley de Navegación Aérea explicita que el transportista está obligado a trasladarlas dentro del precio del billete).  

     Aunque las low cost han sido denunciadas en diversas ocasiones por la Unión de Consumidores, siguen aplicando condiciones y prácticas claramente abusivas, vulnerando los derechos y los intereses de millones de consumidores sin que el gobierno español les imponga sanciones ejemplarizantes que terminen con este ejercicio. En tal sentido llama mucho la atención que hace solo un mes el Gobierno anunciara un refuerzo de “la coordinación de la Administración General del Estado en materia de protección a los consumidores” cuando en un sector que mueve millones de viajeros anualmente la sensación de impunidad para las empresas es absoluta.

    Por todo ello, resulta obvio que si la Administración, y especialmente el Instituto Nacional de Consumo no cumple con su cometido, estas empresas podrán seguir campando a sus anchas. De hecho, y teniendo en cuenta los escándalos que viene protagonizando el sector aéreo en los últimos tiempos, la Unión de Consumidores se pregunta a qué se debe la impunidad de la que disfrutan estas empresas por un lado, y la pasividad del Gobierno por otro.