La Unión de Consumidores de Andalucía comparecía en el Parlamento Andaluz el pasado 17 de noviembre exponiendo sus alegaciones al Proyecto de Ley de la Muerte Digna.

    José Carlos Cutiño, responsable de Relaciones Institucionales de UCE-Andalucía, fue el encargado de comparecer y manifestar la decidida apuesta de la Unión de Consumidores por una normativa a todas luces “valiosa, necesaria y oportuna”, ya que viene a “precisar y completar el marco normativo vigente aplicable desarrollando así el vigente Estatuto de Autonomía”, a la vez que pone de manifiesto el grado de madurez de la sociedad andaluza para resolver un dilema pendiente con diversas interpretaciones éticas y morales desde el respeto a dignidad de la persona hasta el mismo momento de la conclusión de su vida.

    Según UCE-Andalucía, la citada Ley viene a dar respuesta y a aportar seguridad jurídica a situaciones que en la práctica se vienen produciendo por los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina que en la actualidad inciden en el proceso de la muerte y que han generado conflictos muy recientes.

    UCE-Andalucía está convencida de que la asistencia sanitaria no sólo debe regirse por un principio de “beneficencia” (buscar el bien del paciente), sino que debe respetar también el principio de “no maleficencia” (no causar un perjuicio mayor que el que se pretende evitar). Por eso, UCE-Andalucía valora  que la norma se sustente sobre el principio de la autonomía de la voluntad del paciente libre y conscientemente expresada, por encima de otras consideraciones, y establezca los derechos de los usuarios y los deberes de los profesionales.

    Asimismo, UCE-Andalucía entiende que la Ley debe venir acompañada de la dotación de medios necesaria para hacer posible los derechos que se reconoce al paciente, tales como una habitación individual para la persona en fase terminal y su acompañante, algo que aún no está al alcance de todos los centros hospitalarios.

En la comparecencia parlamentaria que ha tenido lugar el 16 de noviembre, la Unión de Consumidores de Andalucía ha criticado duramente el Proyecto de Presupuestos que la Junta de Andaluía brinda a la política de consumo que son, como afirma su presidente, Juan Moreno, “de una escasa relevancia”.

     Según ha podido calcular UCE-Andalucía, este nuevo recorte supone que, desde el año 2008, los presupuestos destinados a defender a los consumidores se han visto reducidos en un 19,96%. Esto significa que en tres años han restado más de dos millones de euros a las partidas destinadas a defender los derechos de los consumidores y usuarios andaluces.

     Esta reducción coincide y confirma la preocupación mostrada por UCE-Andalucía tras el cambio de las competencias de consumo de la Consejería de Gobernación a la Consejería de Salud, ubicación anacrónica e inapropiada. Y es que, dada la gran dimensión de las atribuciones de la Consejería de Salud, UCE-Andalucía temía que las políticas de consumo pudieran quedar más diluidas tal y como se reflejan en el proyecto de presupuestos para el año 2010.
 
    En el actual contexto económico de crisis es aún más importante reforzar las políticas de consumo para aumentar las garantías de los consumidores, pieza clave en la solidez y la seguridad del mercado. En el presente marco, el ciudadano como consumidor o usuario debe sentirse más protegido que nunca para confiar que cada euro que invierte en la adquisición de bienes o la contratación de servicios va a tener la contraprestación esperada. 

    Además UCE-Andalucía considera urgente el refuerzo de los mecanismos de control en todos los niveles administrativos. Las inspecciones y, sobre todo, las medidas sancionadoras son una herramienta fundamental en la defensa de los consumidores. Reducirlos implicaría un claro  incumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno de Andalucía en su Plan Estratégico de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias 2008-2011.