Las organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo

Andalucía, 7 de mayo de 2013. Las organizaciones sociales andaluzas que constituyen la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía muestran su respaldo y apoyo a las movilizaciones convocadas en las capitales de provincia andaluzas con motivo de la huelga general de la enseñanza el próximo 9 de mayo.

Para la plataforma, el ataque que está sufriendo la comunidad educativa debido a los recortes aplicados por el Gobierno es injusto y evidencia que los diferentes gobiernos no apuestan por la educación y la formación de la ciudadanía.

En una situación de crisis económica como la que vivimos, con unas cifras de desempleo que han alcanzado los seis millones de parados, de los cuales un millón y medio pertenecen a Andalucía; la plataforma denuncia que en lugar de apostar por la enseñanza se está recortando y mermando las condiciones laborales de quienes dedican su actividad a formar a los demás.

Sólo en los centros educativos no universitarios de España se han suprimido 60.000 puestos docentes, afectando a Andalucía en 4.500 trabajadores menos sólo en casino online este curso escolar y en los niveles educativos de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial.

Compromiso Social alerta que desde 2010 se ha disminuido el presupuesto para la educación en más de un tercio y que estos recortes se han incrementado notablemente en 2011.

En esta línea de apoyo a las movilizaciones, la plataforma muestra su rechazo a la aplicación y aprobación unilateral de las políticas restrictivas y de la tramitación de leyes como la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), pues degrada las condiciones laborales, es segregadora, reduce las competencias de los órganos colegiados y empeora la participación democrática de los actores y de la sociedad en el sistema educativo.

Asimismo, rechaza los recortes en las competencias de las Corporaciones Locales en materia de educación que recoge el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal) y las propuestas de reforma de las universidades españolas, que igualmente pretenden segregar a la sociedad.

Por ello, la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía se une a los convocantes, confederaciones de padres y madres, sindicatos de estudiantes, plataformas de profesorado y sus organizaciones sindicales, y anima al conjunto de la ciudadanía andaluza a que participe en las movilizaciones que recorrerán las capitales de provincia el próximo 9 de mayo a las 19 horas.

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía está compuesto por: CCOO-A, UGT-A, Cepes-A, CAVA, Al-Ándalus, FACUA Andalucía, UCA/UCE, Cermi-Andalucía, Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Progresistas de Andalucía, Attac-Andalucía, Plataforma 2015 y más, Codapa, Unión Federal de Policía, Sindicato Unificado de la Policía, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía-ADSP, Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, coordinadora Girasol, Forum Política Feminista de Andalucía, Caongd, Plataforma en Defensa de los Derechos deMayores, Pempes/as, Asociación Primavera Andaluza, APJP Pablo Iglesias.

El destrozo de lo público

           Lo  normal hasta ahora era que la gestión del agua le fuera encargada a los ayuntamientos. Sin embargo, los efectos de la crisis también se han dejado notar en este ámbito y el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por toda Andalucía los procesos de privatización de este suministro de forma que, aunque el agua sigue siendo pública, la gestión se adjudica a una empresa privada que se hace con la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Un montante de dinero que, puntualmente alivia las arcas municipales pero que, a la larga, se convierte en lo que algunos califican ya como “destrozo de lo público”, malvendiendo al sector privado aquello que vale dinero y era eficiente.  No se está reparando en las consecuencias de este proceso y compañías privadas, sin competencia local, se hacen con un mercado en el que a partir de este momento podrán operar en régimen de monopolio y en el que contarán con unos usuarios seguros y permanentes. Al calor de este nuevo negocio del agua, sustitutivo para algunos del “ladrillo” están acudiendo tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras que, para entrar en este juego suelen tener detrás una entidad bancaria que les financie. Así, el dinero que el Banco Central Europeo ha prestado al 1% supuestamente para salvar al sector financiero, lejos de servir para aumentar el crédito a familias o empresas, se estaría intencionadamente utilizando en este desmantelamiento de lo público.

El problema para los consumidores es que, la entrada de la empresa privada no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia, sino todo lo contrario, inconvenientes pues este nuevo modelo de gestión público-privada a la larga será más costoso para los usuarios que verán paulatinamente incrementada su tarifa. La  empresa privada será además poco dada a la constitución de órganos reguladores, a respetar los ciclos de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, o a la elaboración de indicadores de calidad de gestión, lo que representará una importante pérdida de control de las administraciones y de la ciudadanía a través de organizaciones representativas como esta UCA-UCE.