La Unión de Consumidores de Córdoba cumple 25 años (24.09.10)

Córdoba, 24 de septiembre de 2010.- La Unión de Consumidores de Córdoba ha celebrado esta mañana el XXV aniversario de su fundación. La cita ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a él han acudido, además de la presidenta –Lola Rivas– y otros socios y miembros de la junta directiva actual, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, la directora general de Consumo de la Junta de Andalucía, Ana María Romero, la concejala de Consumo del Ayuntamiento, Alba Doblas y el jefe del servicio de Consumo, Javier Moya Huertos.

En rueda de prensa, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía ha insistido en que, en momentos difíciles para la ciudadanía como los actuales de crisis económica, “la existencia de organizaciones ciudadanas como la de consumidores y usuarios es más necesaria que nunca” pues “velamos por sus derechos y también por proteger sus legítimos intereses” económicos y sociales.

Por su parte, la actual presidenta de la Unión de Consumidores de Córdoba, Lola Rivas, ha puesto de manifiesto la trascendencia que esta asociación tiene en la provincia de Córdoba, atendiendo a los ciudadanos de más de cuarenta pueblos a través de las OMIC y los PIC y que se observa, por ejemplo, en la existencia de una delegación comarcal en la Vega del Guadalquivir.

Rivas también ha hecho público el balance de consultas y reclamaciones durante el primer semestre de este año y que han sido un total de 1.162 actuaciones –631 consultas y 531 reclamaciones–. Por sectores, la telefonía ha vuelto a ser el más reclamado por los cordobeses con un total de 442, lo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que se “intensifiquen los controles y las sanciones”, tal y como ha pedido Rivas.

Por último, durante la celebración se ha hecho entrega de una placa honorífica al que fue el primer presidente de la Unión de Consumidores de Córdoba, José Ruiz, que ha contado “lo difíciles que fueron esos primeros tiempos fundacionales” y recalcado “los grandes avances que han tenido lugar en materia de defensa de los consumidores en estos 25 años”.

La UE quiere reducir el uso de animales en pruebas de laboratorio.

8 de septiembre de 2010.El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado el acuerdo alcanzado con los 27 para introducir normas más estrictas en la experimentación con animales y promover métodos alternativos que permitan reducir su uso en pruebas de laboratorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre el bienestar animal y la investigación contra enfermedades.

   Los Estados miembros tienen dos años para aplicar esta medida, que será revisada por la Comisión Europea en un plazo de cinco años y que obliga a las autoridades nacionales a realizar inspecciones al menos en un tercio de los laboratorios que utilicen animales cada año.

   La nueva norma establece que las autoridades nacionales deberán evaluar el impacto de las pruebas sobre el bienestar animal antes de autorizarlas y también apoyar el desarrollo de métodos alternativos y menos dolorosos para los animales siempre que sea posible.

   El número de animales sometidos al experimento será el "mínimo" necesario para no comprometer los objetivos de la investigación y sólo se permitirán las pruebas en las que el sacrificio conlleve "un mínimo de dolor, sufrimiento y angustia" para los animales.

   Además, limita el uso de primates en los ensayos e introduce inspecciones para garantizar su cumplimiento y plantea fijar una clasificación sobre el dolor de los animales ('sin recuperación', 'leve', 'moderado' o 'severo'.

   En concreto, el uso de animales en experimentos científicos estará permitido en los ámbitos de la investigación básica; la investigación aplicada a las enfermedades de los seres humanos, los animales o las plantas; el desarrollo o las pruebas de eficacia de los productos farmacéuticos, alimentos y piensos; la enseñanza superior y la investigación médico-legal.

   El uso de primates queda limitado a la investigación de enfermedades potencialmente mortales o que provoquen discapacidad física o mental, pese a que la Comisión quiso prohibirlo, porque los eurodiputados opinan que esto limitaría la competitividad de los científicos europeos frente a otros mercados como el asiático, con criterios menos estrictos en materia de bienestar animal.