Bono social.
El Gobierno ha reservado una tarifa especial para colectivos especialmente vulnerables. Es el llamado bono social que garantizará una congelación de la tarifa eléctrica. Este bono social estará disponible en el caso del domicilio habitual y solamente dentro de la Tarifa de Ultimo Recurso (no hay bono social en el mercado libre). Se podrá acceder a él en cuatro casos:
-Potencia contratada igual o inferior a 3kW. (Se hará automáticamente).
-Pensionistas de 60 años o más con pensión mínima de la Seguridad Social, Seguro Obligatorio de Vejez o pensiones no contributivas.
-Familias numerosas.
-Hogares con todos sus miembros en paro.
En estos últimos cuatro casos deberá ser solicitado por los usuarios. La Unión de Consumidores entiende que estos datos, de especial sensibilidad, no deben estar en manos de compañías privadas, por lo que insta al Ministerio de Industria a que establezca los mecanismos necesarios para realizar la comunicación de la posibilidad de acceso al bono social a las compañías sin especificar los motivos que provocan este derecho de acceso. Resulta paradójico que el Ministerio de Industria haya anunciado de forma no oficial (a través de una rueda de prensa) las condiciones de acceso a este bono social, pero la norma que lo regula todavía no ha sido publicada en el BOE.
Gestión de reclamaciones.
Las reclamaciones y gestiones administrativas deberán realizarse ante la compañías comercializadora. Aunque la legislación contempla el derecho del usuario a ponerse en contacto también con la suministradora, en el caso de averías o incidencias del servicio. Lo cierto es que, tras la experiencia vivida en el sector de las telecomunicaciones, la liberalización provocó un incremento más que considerable de las reclamaciones de los usuarios. La falta de oficinas físicas y la gestión a través de números telefónicos no han hecho otra cosa que entorpecer y reducir la calidad del servicio y la lentitud en la gestión de reclamaciones. Además, genera cierta inquietud los casos en que la comercializadora pertenezca a un grupo diferentes al de la empresa suministradora. La legislación contempla que esto no debe ser un impedimento para el consumidor, pero hasta que la liberalización no empiece a funcionar no sabremos realmente si en la práctica será así. Lo cierto es que probablemente el sector de la energía eléctrica incremente notablemente el número de reclamaciones, como ya ha sucedido con los cambios anteriores (tarifa nocturna y facturación mensual). Y estas reclamaciones repercutirán directamente en el trabajo de las asociaciones de consumidores, a quienes se ha ignorado en todo el proceso de liberalización.
En estos casos hay que tener en cuenta que la liberalización del sector eléctrico no supone una reducción de los derechos de los usuarios ni de la calidad del servicio, que debe quedar garantizada. Además, y como recomendación final, hay que recordar que esta reordenación del sector eléctrico tiene otro objetivo fundamental: racionalizar el consumo de energía, por lo que en el nuevo marco será fundamental ahorrar y economizar en nuestros consumos a través de pautas sencillas como el uso de bombillas de bajo consumo, aislando las viviendas, apagando las luces y los aparatos cuando no los estemos utilizando, o no dejando los electrodomésticos en standby. En definitiva, se ajustará el precio de la electricidad a nuestros hábitos de consumo, de forma que si queremos pagar menos, deberemos ahorrar más.
Desde UCE se considera que el nuevo escenario de liberalización del mercado eléctrico debe suponer exclusivamente una mayor competencia de la que los usuarios sean los principales beneficiarios.
Composición de la TUR
