Sevilla, 5 de octubre de 2011.Una delegación de la Unión de Consumidores de Andalucía ha comparecido este mediodía en el Parlamento para presentar las alegaciones de la federación a la Proposición de Ley Orgánica sobre delegación de competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir.

    La Unión de Consumidores valora esta propuesta ya que por fin encaja jurídicamente la situación que hasta el momento estábamos viviendo, esto es, un fallo del Tribunal Constitucional contrario al Estatuto de Autonomía y la expiración del convenio que hasta el momento regulaba las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma. De hecho, esta federación apoya el objeto de esta ley porque persigue garantizar la continuidad y la normalidad en lo que se refiere a la prestación de los servicios hidráulicos y que no afecta a otras comunidades autónomas.

    Además, la Unión de Consumidores considera que la sentencia del TC truncaba la trayectoria jurídico-social que ha amparado las competencias de un río tan andaluz como lo es el Guadalquivir y que se sostiene en el consenso mayoritario que obtuvo la reforma del Estatuto en el Parlamento, la aprobación en el Congreso de los Diputados y el refrendo de la ciudadanía en el referéndum.

    Por otra parte, y en esta línea debe desarrollarse este Proyecto de Ley, la firma del Acuerdo por el Agua de los diferentes agentes económicos y sociales en febrero de 2009 pone de manifiesto el carácter social de la norma en la que la Unión de Consumidores espera que la participación de la ciudadanía a través de sus representantes legítimos sea una constante.

 

    Para terminar, la Unión de Consumidores ha solicitado a los grupos parlamentarios que, con la aprobación de esta ley, desaparezcan las posibles irregularidades en cuanto a recursos humanos, materiales y jurídicos. La Unión de Consumidores, preocupada por la seguridad jurídica, exige por ello un marco competencial claro y que no suscite controversia o duda alguna.

 

 

 

 

La Unión de Consumidores manifiesta su más absoluto rechazo a la decisión del Ejecutivo de incrementar los precios del gas y el butano, 1,2% y 1,92%, respectivamente, cuya repercusión sobre las economías domésticas será catastrófica. El alivio experimentado por los ciudadanos al saber que la tarifa eléctrica quedaba congelada ha durado muy poco. Tan sólo tres días después, se asiste a un nuevo incremento en dos de los productos imprescindibles para los consumidores: el gas y el butano.

Ambos productos arrastran una serie de subidas acumuladas a lo largo del año, por lo que los aumentos anunciados hoy no son reales, sino que se añaden a los ejecutados con anterioridad. Además, los usuarios de butano suelen ser, en su mayoría, familias de bajo poder adquisitivo o personas mayores con pocos ingresos, por lo que este incremento se ceba, una vez más, con los ciudadanos que más sufren la actual crisis.

La Unión de Consumidores  muestra su preocupación por cómo se confirman, por parte de las autoridades competentes en la materia, el aval al sector energético y su posición dominante en el mercado. Que el Ejecutivo justifique estos incrementos en un encarecimiento de la materia prima no es razón suficiente para que siga permitiendo el encarecimiento de productos básicos para la ciudadanía.

La Unión de Consumidores considera que, con estas actuaciones, el Gobierno pierde una oportunidad magnífica de aliviar la situación económica de muchos hogares españoles. Medidas como las anunciadas hoy paralizarán la reactivación de la economía, que en gran medida dependen de la dinamización del consumo interno. Para la Unión de Consumidores la recuperación de la economía pasa por que los consumidores vuelvan a tener confianza en el mercado. Algo que no sucederá mientras estos observen como sus gastos fijos no dejan de aumentar.