Los consumidores podrían reclamar el dinero cobrado irregularmente y los intereses generados por él.

19 octubre, 2010 by
  • La Unión de Consumidores de Andalucía recomienda esperar a que haya una sentencia firme.
  • Anima a bancos y cajas a actuar de oficio.

Sevilla, 19 de octubre de 2010. La Unión de Consumidores valora que, por primera vez en España, un juzgado de Sevilla declare abusivas las cláusulas de suelo –aquellas que impiden a los usuarios aplicar a sus hipotecas las reiteradas bajadas del Euríbor–.  La sentencia obliga a un banco y tres cajas –BBVA, Cajamar y Caixa Galicia– a eliminarlas y a abstenerse de  usarlas en el futuro.

La Unión de Consumidores confía en que las instancias judiciales superiores –ante las que probablemente recurrirán las entidades– no solo ratifiquen contundentemente la sentencia del juzgado sevillano sino que devuelvan a los usuarios las ingentes cantidades que les han cobrado de manera irregular y abusiva.

La Unión de Consumidores anima a las entidades financieras a que actúen de oficio y asuman cuanto antes como abusiva esta práctica eliminándola de los contratos hipotecarios y renunciando a aplicarla en el futuro.

Con respecto a los usuarios, la Unión de Consumidores les recomienda que esperen hasta que haya una sentencia firme y que entonces reclamen no solo la eliminación en sus contratos hipotecarios de toda cláusula de suelo sino la devolución íntegra del dinero cobrado irregular y abusivamente, así como los intereses que dichas cantidades hubieran podido generar. Por último, les anima a buscar alternativas y subrogar sus hipotecas en otras entidades que no tienen este tipo de cláusulas.

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La Unión de Consumidores advierte que la mayoría de sorteos de viviendas no cumplen con la legalidad

6 agosto, 2010 by

Andalucía, 30 de julio de 2010.Con la llegada de la crisis se ha creado una nueva modalidad de venta, en concreto la venta de bienes inmuebles a través de la red, una forma bastante peculiar. Son muchas ya las personas que optan por rifar su casa, su parcela o su lugar de residencia a través de Internet. Una práctica que puede suscitar cierta controversia en cuanto a la legalidad del asunto.

    Los sorteos por Internet son una práctica legal, una condición que adquiere, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Estos requisitos pasan por depositar las bases de la rifa en una notaría y obtener la autorización pertinente de la Dirección General de Espectáculos Públicos y, en el caso que exceda los límites de la Comunidad Autónoma, Loterías y Apuestas del Estado será quien tenga la competencia de adjudicar esta licencia.

    En cualquier caso y, pese a que la rifa se encuentre dentro del marco legal, con las garantías de carácter administrativo y civil correspondientes, la Unión de Consumidores quiere advertir de que la apuesta no está exenta de riesgo para el usuario, puesto que la rifa se celebrará estén vendidos todos los boletos o no.

    En otras ocasiones, la mayoría, estos sorteos no cumplen con la parte administrativa y están fuera de la legalidad (no solicitan autorización a los órganos competentes), aunque esto no significa que quien sea poseedor del ticket premiado no tenga derecho a su premio.

    Existe una obligación civil entre quien organiza la rifa y el usuario poseedor del boleto; es decir, hay una responsabilidad privada con el usuario y la organización está obligada a cumplir con su parte, en caso contrario será objeto de una penalización administrativa.

    El principal problema viene cuando se procede a actuar sobre este tipo de empresas; normalmente suelen tener su domicilio fiscal o su registro fuera del territorio nacional, lo que supone una dificultad importante a la hora de localizar a los responsables del fraude.

    Desde la Unión de Consumidores proponemos dos normas básicas a la si se opta por participar en este tipo de juegos de azar. En primer lugar, localizar el bien que se quiere adquirir y comprobar la titularidad del mismo en el registro de la propiedad; y, en segundo lugar, solicitar a la Dirección General de Espectáculos Públicos o en las delegaciones de gobierno de las respectivas provincias la información en regla para tener conocimiento de si el sorteo se encuentra dentro del marco legal.

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