Andalucía, 18 de diciembre de 2012. La Unión de Consumidores de Andalucía quiere pedir a las diferentes administraciones con competencia en materia de inspección y control, que se lleven a cabo de una manera máexamskip
s coordinada y optimizada las labores de control del mercado de productos pirotécnicos.

    Y es que estos artículos, cuya compra venta aumenta en estas fechas navideñas, genera riesgo tanto para vendedores como para los particulares compradores, en muchos casos menores de edad. En este sentido, la Unión de Consumidores también hace un llamamiento a la ciudadanía para que lleven a cabo un ejercicio de responsabilidad que se traducirá en una mayor seguridad para grandes y pequeños.

    En esta materia, es necesario recordar que está totalmente prohibida la venta ambulante de productos pirotécnicos y que dicha venta se hará mediante locales de venta y personas (físicas o jurídicas) autorizadas cumpliendo los siguientes preceptos:

–    los artículos deben estar catalogados.
–    El titular de la autorización debe comunicar los trabajadores previstos, entre los cuales se designará a un responsable de venta que estará permanentemente en el establecimiento durante el periodo de venta.
–    Las autorizaciones estarán expuestas en los puntos de venta.
–     Los artículos estarán etiquetados de manera visible, figurando el nombre y la dirección de fabricante o importador, el nombre y tipo de artículo, la categoría y las instrucciones de uso.
–    La unidad mínima de venta será el envase, estando prohibida la venta de otra manera.
–    Los cohetes voladores sólo se venderán en paquetes protegidos.
–    Los artificios de la categoría 3 (los que presentan un riegos muy reducido y están pensados para ser utilizados en áreas confinadas incluyendo el interior de edificios de viviendas) sólo se venderán a mayores de 18 años; los de categoría 2 (los que presentan un riesgo reducido y están pensados para ser utilizados al aire libre en áreas confinadas), a mayores de 16 y los de categoría 1 (los que presentan un riegos muy reducido y están pensados para ser utilizados en áreas confinadas incluyendo el interior de edificios de viviendas), a mayores de 12.
–    No se venderán artículos pirotécnicos a quienes manifiesten estar bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes.
–    La validez de la autorización estará condicionada al hecho de tener concertado y en vigor un seguro de responsabilidad civil.

La Unión de Consumidores de Andalucía ha comprobado que con excesiva frecuencia el etiquetado no cumple con las mínimas exigencias legales sin ofrecer información clara y precisa o careciendo de las instrucciones necesarias para el correcto uso (con los riegos evidentes que ello puede comportar para la integridad del usuario y de las personas de su entorno).
 
Por todo ello, UCA-UCE reafirma la importancia de que se respete la normativa, especialmente si tenemos en cuenta que sus principales destinatarios son los menores y de que se trata de productos inflamables que pueden tener graves consecuencias en caso de que no se usen conforme a las instrucciones del fabricante. Aunque existen actuaciones administrativas puntuales, esta situación demanda un mayor esfuerzo y dotación por parte de dichas autoridades, pero también un mayor celo por parte de los consumidores, especialmente padres y madres de niños que frecuentemente acceden a estos productos.

Por último, hacer referencia al incremento de los riesgos derivados de la venta incontrolada por Internet de artículos de pirotecnia en la que no existe ningún tipo de control por parte de las autoridades y que viene a agravar una situación ya de por sí complicada y en la que, ante la dificultad de control con la que se encuentran las administraciones, cobra mayor importancia la responsabilidad y vigilancia de padres y tutores.DC0-261

Andalucía, 14 de diciembre de 2012. El Gobierno de Rajoy, tras su brutal reforma laboral, que solo está sirviendo para aumentar el paro, reducir alarmantemente la protección al desempleo y favorecer los despidos salvajemente; junto con una cruzada privatizadora del conjunto de los servicios públicos (sanidad, la educación, sistema de dependencia …),  vuelve a incumplir su programa electoral atacando esta vez a los más de 9 millones de personas pensionistas y jubiladas de este país, de los cuales 1,4 millones son andaluces y andaluzas.

Estas personas verán como sus pensiones no son actualizadas y sufrirán una enorme pérdida en su poder adquisitivo (-1.9%), dejando de ingresar más de 2.000 millones de euros para el año 2012, de los cuales, 300 millones corresponden a Andalucía.

Esta decisión del Gobierno de Rajoy afecta al conjunto de las pensiones sin excepciones, siendo de especial gravedad en Andalucía, ya que las pensiones en nuestra comunidad se encuentran 9 puntos por debajo de la media española (757 euros al mes frente a 830).

Debemos recordar que las personas pensionistas y jubiladas ya han sufrido otras medidas de ajuste y recortes, tales como el copago sanitario, el golpe en dependencia, las subidas de precios (más de 10,8 % en la electricidad y la calefacción)…, así como en otros productos de primera necesidad.

La no revalorización de las pensiones es el primer paso para la verdadera apuesta del Gobierno del PP, que no es otra que modificar el Acuerdo de Pensiones firmado en 2011, para romper y hacer desaparecer los derechos de jubilación anticipada en sus 3 modalidades (parcial con contrato de relevo, a los 61 años por paro involuntario y a los 63 años por voluntad del trabajador) que son de gran utilidad para los trabajadores y trabajadoras de este país, especialmente en momentos de crisis, que ven como se destruyen y son expulsados de sus puestos de trabajo en la recta final de su vida laboral.

No es por tanto una acción aislada, sino que forma parte de una estrategia de desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, que es fruto de las cotizaciones sociales del conjunto de la clase trabajadora para entregarlo a la gran banca y las aseguradoras privadas y que estas hagan “negocio”.

En esta misma línea se sitúa la recientemente aprobada “Ley de Tasas”, que supone una restricción clara del acceso a la justicia para la mayoría social de este país, convirtiendo el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española),  pilar esencial del Estado de Derecho y de la Democracia, en un “servicio de lujo” al que solo podrán acudir quienes “se lo puedan pagar”,  dinamitando las opciones de la ciudadanía de reclamar ante los tribunales las arbitrariedades y lesiones de derechos tanto laborales, civiles como administrativos o de consumidores y usuarios que pueda ocasionar la parte más poderosa en una relación, sea esta de la naturaleza que sea.

Ante estas nuevas agresiones a los derechos más básicos y fundamentales de la ciudadanía, la Plataforma “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía”  exigimos al Gobierno Central que derogue el RDL que impide la  revalorización de las pensiones y que actualice la totalidad de las mismas y respete todos los contenidos del Acuerdo de Pensiones 2011 que garantiza la viabiabilidad del Sistema Público de Pensiones. Igualmente,  demandamos la retirada de la Ley de Tasas para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades al derecho fundamental a la tutela judicial de toda la ciudadanía.

Desde "Compromiso Social para el Progreso" te convocamos a que participes en las manifestaciones del lunes 17 de diciembre de 2012…PORQUE HAY ALTERNATIVAS SOCIALES PARA SALIR DE LA CRISIS.