Andalucía, 14 de diciembre de 2012. El Gobierno de Rajoy, tras su brutal reforma laboral, que solo está sirviendo para aumentar el paro, reducir alarmantemente la protección al desempleo y favorecer los despidos salvajemente; junto con una cruzada privatizadora del conjunto de los servicios públicos (sanidad, la educación, sistema de dependencia …),  vuelve a incumplir su programa electoral atacando esta vez a los más de 9 millones de personas pensionistas y jubiladas de este país, de los cuales 1,4 millones son andaluces y andaluzas.

Estas personas verán como sus pensiones no son actualizadas y sufrirán una enorme pérdida en su poder adquisitivo (-1.9%), dejando de ingresar más de 2.000 millones de euros para el año 2012, de los cuales, 300 millones corresponden a Andalucía.

Esta decisión del Gobierno de Rajoy afecta al conjunto de las pensiones sin excepciones, siendo de especial gravedad en Andalucía, ya que las pensiones en nuestra comunidad se encuentran 9 puntos por debajo de la media española (757 euros al mes frente a 830).

Debemos recordar que las personas pensionistas y jubiladas ya han sufrido otras medidas de ajuste y recortes, tales como el copago sanitario, el golpe en dependencia, las subidas de precios (más de 10,8 % en la electricidad y la calefacción)…, así como en otros productos de primera necesidad.

La no revalorización de las pensiones es el primer paso para la verdadera apuesta del Gobierno del PP, que no es otra que modificar el Acuerdo de Pensiones firmado en 2011, para romper y hacer desaparecer los derechos de jubilación anticipada en sus 3 modalidades (parcial con contrato de relevo, a los 61 años por paro involuntario y a los 63 años por voluntad del trabajador) que son de gran utilidad para los trabajadores y trabajadoras de este país, especialmente en momentos de crisis, que ven como se destruyen y son expulsados de sus puestos de trabajo en la recta final de su vida laboral.

No es por tanto una acción aislada, sino que forma parte de una estrategia de desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, que es fruto de las cotizaciones sociales del conjunto de la clase trabajadora para entregarlo a la gran banca y las aseguradoras privadas y que estas hagan “negocio”.

En esta misma línea se sitúa la recientemente aprobada “Ley de Tasas”, que supone una restricción clara del acceso a la justicia para la mayoría social de este país, convirtiendo el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española),  pilar esencial del Estado de Derecho y de la Democracia, en un “servicio de lujo” al que solo podrán acudir quienes “se lo puedan pagar”,  dinamitando las opciones de la ciudadanía de reclamar ante los tribunales las arbitrariedades y lesiones de derechos tanto laborales, civiles como administrativos o de consumidores y usuarios que pueda ocasionar la parte más poderosa en una relación, sea esta de la naturaleza que sea.

Ante estas nuevas agresiones a los derechos más básicos y fundamentales de la ciudadanía, la Plataforma “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía”  exigimos al Gobierno Central que derogue el RDL que impide la  revalorización de las pensiones y que actualice la totalidad de las mismas y respete todos los contenidos del Acuerdo de Pensiones 2011 que garantiza la viabiabilidad del Sistema Público de Pensiones. Igualmente,  demandamos la retirada de la Ley de Tasas para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades al derecho fundamental a la tutela judicial de toda la ciudadanía.

Desde "Compromiso Social para el Progreso" te convocamos a que participes en las manifestaciones del lunes 17 de diciembre de 2012…PORQUE HAY ALTERNATIVAS SOCIALES PARA SALIR DE LA CRISIS.

 

1.- Poner de manifiesto el rechazo de todos los integrantes de la Plataforma a la Ley de Tasas Judiciales, y al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, por su incidencia negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas, ya que ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar gravemente y en muchos casos dejar fuera
de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

Entendemos que la grave situación estructural de la administración de justicia, agravada por la falta de medios personales y materiales, nunca debe resolverse a costa de un nuevo marco legal que en la práctica supone una limitación del acceso de los ciudadanos a la justicia conculcando el derecho a
la tutela judicial efectiva.

2.- Oponernos a la implantación de estas medidas, que imponen traves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en la primera instancia. Todo ello, como un paso más de la estrategia gubernamental, dirigida a incrementar el poder de dirección empresarial que potencia la nueva reforma laboral y que limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y la lesión de sus derechos.

3.- Rechazar el establecimiento de tasas judiciales a los sindicatos como legítimos representantes de la tutela y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, cuando actúan en representación y defensa de los intereses colectivos de aquéllos; rechazar igualmente la implantación que se impone a
los empleados públicos y a los propios sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y manífestar total oposición a cualquier intento de supresión de su legítimo derecho a la justicia gratuita.

4.- Combatir el veto que supone al acceso' a la justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, seguridad, reparación de daños y perjuicios y legítimos' intereses  económicos, reconocidos en el artículo 51 de nuestra Constitución, como principio rector de la política social y económica del Estado.

5.- Defender con todos los medios democráticos a nuestro alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía. Bienes, servicios, derechos y libertades que con la excusa de la reducción del déficit público, están siendo atacados y cercenados, lo cual ha
provocado la oposición de innumerables colectivos sociales, incluidos los operadores jurídicos.

6.- Aunar voluntades y elevar las correspondientes propuestas alcanzadas sobre la reforma de la Justicia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y al Gobierno, para que puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta las iniciativas de los ciudadanos y de todos los operadores sociales y jurídicos.

Dada la vocación de trabajo conjunto, y el deseo de contar con la representación de todos los sectores de la sociedad, la Plataforma queda abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sindicatos, corporaciones, etc., tengan interés en unir sus voces para elaborar una nueva propuesta de modelo de Administración de Justicia.