UCA-UCE muestra su preocupación por las consecuencias para los usuarios tras la detención de la cúpula directiva de Vitaldent

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• La Unión de Consumidores insta a las Administraciones Públicas a salvaguardar en todo momento los intereses de los afectados

Andalucía, 16 de febrero de 2016.- La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), ante la detención en el día de hoy del titular de la empresa, Ernesto Colman, así como de otras personas vinculadas a la directiva de Clínicas Vitaldent, muestra su preocupación por las consecuencias que ello pueda tener en el normal funcionamiento de estas franquicias y en la calidad y garantías de los servicios contratados por los usuarios de las mismas.

Al respecto, desde UCA-UCE se insta, nuevamente, a las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo, para la urgente e inmediata toma de medidas y actuaciones contra esta red de clínicas franquiciadas, en línea de salvaguardar los derechos, y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios que hayan podido verse afectados por esta situación. Desde esta organización se vienen echando en falta desde hace tiempo actuaciones más contundentes y diligentes tanto por parte de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), como de la propia Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, habida cuenta de la importante repercusión de estos hechos en algunas provincias de la Comunidad, como la de Cádiz.

En este sentido, avisamos a los usuarios de que deben reaccionar y denunciar cualquier cambio de condiciones en la prestación de los servicios contratados, así como en las calidades de los mismos, en el tiempo de ejecución o la propia negativa a seguir con la prestación contractual pactada. En opinión de UCA-UCE, los supuestos hechos delictivos que se persiguen y que han provocado las detenciones, tales como la exigencia de pagos en metálico para la apertura de estas franquicias, para nada debería afectar al correcto funcionamiento de estas clínicas, ni tampoco a la necesaria prestación de sus servicios. Así las cosas, los usuarios deben tener muy claro que las detenciones que se han llevado a cabo no deben afectarles negativamente en modo alguno.

Por último, UCA-UCE pone de relieve que no es la primera vez que una firma franquiciada vinculada a este sector de la sanidad o la estética acaba generando un problema similar al que sufren los usuarios de Clínicas Vitaldent. Por ello, hace hincapié en la necesidad de que las Administraciones Públicas mantengan, en todo momento, una actitud de constante vigilancia, tal y como les faculta la Ley, de modo que se impidan nuevos casos semejantes en el futuro..

UCA-UCE valora la oportunidad e idoneidad de regular las viviendas con fines turísticos en Andalucía

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La nueva normativa debe interpretarse como la necesaria respuesta a las nuevas formas de viajar y hacer turismo y al deseo de tener una relación más directa con las personas residentes en el destino elegido.

Andalucía, 2 de febrero de 2016.- La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), ante la aprobación hoy por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto de Viviendas con Fines u Usos Turísticos, valora la oportunidad, conveniencia e idoneidad de regular este sector en una comunidad eminentemente turística como la nuestra. Ello se aborda a través de una norma cuyo objeto será regular las viviendas que ofertan el servicio de alojamiento turístico, a fin de establecer unas mínimas garantías de calidad y seguridad para los usuarios. Acertadamente creemos se ha procedido también a modificar la regulación de los establecimientos de apartamentos turísticos que estaba vigente desde 2010.

La actuación desarrollada por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, y el consenso alcanzado, merece en términos generales una valoración positiva de UCA-UCE porque supone dar respuesta a una creciente demanda de colectivos sociales como el de las organizaciones de consumidores y usuarios, que veníamos reclamando una regulación del régimen jurídico de las viviendas de uso turístico, integrándolas en una oferta reglada. En una comunidad autónoma de gran potencial y desarrollo turístico como la nuestra, muchas eran las voces que venían considerando necesario que existiera una regulación enfocada a recoger unos requisitos y condiciones mínimas a este tipo de alojamientos. La puesta en escena de este Decreto creemos desde UCA-UCE repercutirá en un mejor servicio y una mayor calidad de las instalaciones y todo ello en beneficio de los usuarios.

Pensamos que iniciativas como esta suponen una potenciación de la buena imagen de Andalucía en el segmento turístico que se decanta por esta opción para sus estancias. Igualmente importante es perseguir y de combatir la vivienda de uso turístico no reglado, fenómeno que sin duda constituye un intrusismo que perjudica al sector en su conjunto en lo que respecta a la competitividad y que, en muchos casos y lamentablemente, no garantiza unos mínimos de calidad ni garantías para las personas usuarias, aspecto este que puede llegar a ser contraproducente para la reputación y valoración del conjunto de nuestra oferta turística. A este respecto, desde UCA-UCE creemos que es necesario contar en Andalucía con un censo de viviendas con fines turísticos para luchar contra la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística.

UCA-UCE estima que este Decreto deberá ser complementado con una dotación presupuestaria acorde al ejercicio de las potestades de inspección y sanción que la administración turística andaluza deberá asumir para perseguir las situaciones irregulares. No debemos olvidar que esta norma pretende también garantizar la seguridad pública al obligar a los propietarios a llevar a cabo un registro documental e informativo de los usuarios de este tipo de alojamientos. La obligación de ofrecer información turística de la zona y de disponer de hojas de quejas y reclamaciones, así como de un teléfono de contacto para atender incidencias de la estancia, requiere sin duda el incremento de esa labor inspectora y sancionadora de la Junta de Andalucía.