Andalucía, 20 de junio de 2013. Hace un año el Ejecutivo decidió que el Índice de Referencia Hipotecaria (IRPH) dejara de ser objeto de publicación mensual en el BOE a partir del 28 de abril del presente año, fijando para ello un plazo límite de un año para su “desaparición completa, con todos sus efectos”. Sin embargo, y a pesar de que en los últimos meses se hablaba de la desaparición del IRPH, a día de hoy Bancos y Cajas de Ahorro aún siguen utilizando este interés variable en la revisión de los préstamos hipotecarios, según informa el Gobierno, “hasta que se apruebe el régimen transitorio”.

Miles de afectados por esta falta de actuación del Gobierno, firmaron sus hipotecas con bancos como Santander, Bankia, La Caixa, Banesto, Caja Rural del Sur, bajo la falsa promesa de que el IRPH era un tipo de interés más seguro y estable que el Euribor, lo que no sabían es que mientras el Euribor baja cada mes, el IRPH asciende desorbitadamente. Tanto es así que el primero de estos cerró el mes de mayo en un 0,47%, mientras el segundo lo hacía con un 3,90%. Un diferencial de 3 puntos que supone un incremento mensual en el pago de la hipoteca de aproximadamente 200-300 euros.

Desde la Unión de Consumidores de Andalucía se quiere denunciar la falta de transparencia e información reiterada por parte de las entidades financieras, así como del Banco de España y por su puesto del Gobierno Central, al no actuar y poner como excusa la no aprobación del régimen de transición.

Una vez más, son los hipotecados los afectados por la incapacidad del Gobierno quienes están asumiendo el pago de cantidades excesivas que no se deben permitir.

Además, si bien desde la Secretaria General del Tesoro se ha publicado que existe una página web donde los ciudadanos afectados por esta situación pueden dirigir sus consultas, ésta no dispone de un teléfono al que dirigirse, simplemente se limita a que los afectados rellenen un apartado con sus datos y teléfono, para que después sean ellos quien se pongan en contacto, hecho que desde Unión de Consumidores se ha intentado llevar a cabo sin éxito alguno.

UCA-UCE apela a que el Gobierno se ponga manos a la obra y apruebe de una vez ya, tras catorce meses de espera, el régimen transitorio y se exige una solución urgente sustituyendo el IRPH por el Euribor.

Andalucía, 13 de junio de 2013. Con relación a la retirada de 150.000 litros de leche tras hallarse toxinas en pienso para el ganado, la Unión de Consumidores de Andalucía lamenta que se vuelva a repetir una alerta relacionada con la alimentación de la ciudadanía, una situación que, una vez más, pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas consumidores por los comportamientos incorrectos que se puedan realizar en el ámbito de la cadena de producción agroalimentaria y la necesidad de un correcto funcionamiento de las redes de alerta en esta sensible materia.

            Aunque UCA-UCE aplaude que tanto la Junta de Andalucía como los ganaderos hayan reforzado los controles, como organización representativa de los derechos y legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias, quiere insistir en que, en tiempos de crisis como los que vivimos es, si cabe más pertinente y necesario que nunca que se acometan más controles en un sector tan sensible y trascendente como lo es el alimentario. UCA-UCE considera que es fundamental que se garantice la trazabilidad de los alimentos que lleguen al mercado, pues hay una normativa que así lo exige y que es necesario que las administraciones competentes velen de una manera muy activa y beligerante por ella, para conseguir una tolerancia o riesgo cero.

            En los últimos tiempos han sido varias las alertas relacionadas con la alimentación que se han dado y que resultan inadmisibles porque existe un marco normativo que protege al consumidor y su seguridad alimentaria. Por ello, la Unión de Consumidores de Andalucía solicita a la Consejería de Agricultura que intensifique los controles en este sector y que transmita con transparencia y prioridad estas informaciones a las organizaciones representativas de los derechos de los consumidores y usuarios de Andalucía, cosa que, lamentablemente, sigue sin hacerse con la inmediatez y prioridad solicitada.