Sevilla, 21 de diciembre de 2010.La Unión de Consumidores de Andalucía se lamenta por el bochornoso espectáculo montado a modo de circo mediático por dos organizaciones de consumidores –hasta hoy, presuntamente serias– llorando por las subvenciones que su propia incapacidad no ha sabido defender en un proceso de concurrencia competitiva. La Unión de Consumidores sólo puede calificar de pataleta indigna y falsaria sus afirmaciones infundadas. De hecho, resulta significativo que no aporten ni una sola prueba medianamente objetiva merecedora de ser considerada como tal,  ni hayan formalizado recurso alguno contra la resolución de concesión de estas subvenciones donde tendrían que hacerlo, ante la autoridad competente.

       En cualquier caso, no es de extrañar que las ratas abandonen el barco y que un día después de leer encuestas que auguran cambios políticos FACUA y Al-Andalus traten de marcar distancias con el gobierno andaluz haciendo un guiño a la oposición para ver si ello se transforma en réditos para el futuro. Todo apunta a la necesidad de estas organizaciones de exhibir públicamente en este momento concreto sus diferencias, con aquellos gobiernos que no sucumben a su extorsión mediática y no los sitúan en los primeros puestos de financiación o favores. Reciente está la bronca de FACUA-Cádiz con el gobierno de Teófila Martínez, por no seguir gozando gratuitamente de un local cedido o la que ahora presenta contra el gobierno de la Junta por no anteponerles en materia de subvenciones. En definitiva el recurso sistemático al chantaje –absolutamente intolerable- a las administraciones para disponer del dinero público a su antojo y conveniencia.

       Resulta, cuando menos curioso, que estas dos federaciones solo se solivianten cuando no acaparan el primer puesto en subvenciones –entonces no deben sentirse postergadas por el gobierno socialista–, aunque lo extraño no es esto. Lo raro es que una organización que se proclama independiente –a veces incluso radical y antisistema– como FACUA, y otra que sólo residualmente trata las políticas de consumo y que tiene por objeto principal proporcionar distracción social a sus afiliados y afialiadas, se interesen tan sobremanera por unas subvenciones que, según su parecer, solo sirven para comprar voluntades políticas.

       Es igualmente curioso que las supuestas irregularidades sólo se denuncien en los ejercicios en los que UCA-UCE resulta la federación más subvencionada sin que se diga nada, como ocurrió en el ejercicio 2009 o años anteriores, en los que ocurrió justamente lo contrario, pues no debe olvidarse que en el montante global de subvenciones de la Junta de Andalucía a las federaciones de consumidores y usuarios FACUA se sitúa la primera, con una diferencia de más de 500.000.- euros a su favor. ¿Acaso cuando FACUA recibe menos subvención que UCA-UCE  es independiente y cuando ocurre lo contrario se calla, debiéndose entender que en ese ejercicio ha perdido su independencia?

       Lamentable en definitiva, el papelón de Al-Andalus berreando por haber recibido tan solo 30 millones de las antiguas pesetas para hacer lo que hacen –no lo vamos a juzgar nosotros– y patético el papel de FACUA sirviendo de lazarillo y bastón a su eterna compañera de conspiraciones bananeras para tratar de condicionar las políticas de consumo a su antojo y medida.

      Llama la atención que la iniciativa de la denuncia de irregularidades provenga de una entidad como Al-Andalus –asociación de amas de casa y, al parecer, consumidores– que solo tiene de organización de consumidores el nombre. Sabido es por todos que su dedicación -como no cabe esperar menos de una asociación de amas de casa- es cubrir las necesidades y actividades que tradicional –y desafortunadamente– se consideraban propias de estas (tales como las manualidades o los talleres de corte y confección). De forma fraudulenta utiliza la denominación de organización de consumidores para beneficiarse de las ayudas que a tal fin existen en el ámbito autonómico porque no constituyen una organización que precisamente defiendan los intereses y derechos de los consumidores y usuarios.
 
    El interés por tanto de Al-Andalus es autodenominarse “organización de consumidores” con el único objetivo de concurrir a subvenciones y ocupar puestos en órganos de participación institucional. Además, en ellos se hurta la verdadera representación de los consumidores y usuarios a las entidades que defienden legítimamente y principalmente los derechos e intereses de estos.  

    En cualquier caso, desde UCA-UCE se pedirá a la Junta de Andalucía un análisis sosegado para valorar hasta qué punto las imputaciones efectuadas por FACUA y Al-Andalus rayanas en la ilegalidad, puedan ser objeto de actuaciones judiciales que pongan las cosas en su justo punto. En tanto se adoptan decisiones al respecto, y mientras otros se centran en el escándalo o circo mediático, UCA-UCE sólo puede seguir trabajando en los cuatrocientos municipios andaluces donde a diario asisten a los consumidores para resolver sus problemas.

 

Córdoba, 17 de diciembre de 2010.El pasado 14 de diciembre la Unión de Consumidores de Andalucía y la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto taxi de Córdoba, firmaron un acuerdo de colaboración con el fin de estrechar lazos de información y colaboración que se traduzcan en un mejor servicio a los ciudadanos.

Con la firma del acuerdo, ambas entidades muestran una clara intención, no solo de dialogar, sino también de llevar a cabo medidas reales que supongan un beneficio para la sociedad cordobesa.

Concretamente, en este acuerdo se especifica la creación de un código de buenas prácticas que los miembros de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto taxi de Córdoba asumirán y pondrán en marcha en breve, reafirmando con ello su compromiso de mantener el nivel de calidad que prestan los profesionales del taxi de Cordoba.

Asimismo, el convenio comprende la creación de un órgano extrajudicial de resolución de conflictos en el que estarán representados los consumidores y los taxistas, de manera que las reclamaciones puedan resolverse de una manera fácil, económica, justa e imparcial.

Se trata, en definitiva, de avanzar conjuntamente en la mejora de la prestación de un servicio público de transporte esencial para la ciudadanía cordobesa.