Ayer se aprobó en el Congreso la Ley de Servicios de Pago. En su redacción final, esta normativa permitirá, a partir de enero de 2010, que los establecimientos que así lo quieran puedan imponer comisiones a los usuarios que realicen sus pagos con tarjeta.

    La Unión de Consumidores ha empezado ya a animar a los usuarios a iniciar un boicot a los establecimientos que vayan a incrementar los precios a los usuarios del llamado “dinero de plástico”. Por eso UCE exige que los comercios que vayan a poner en práctica esta medida expongan de manera clara en sus puertas un cartel informativo en el que se especifique que se cobra comisión por el pago con tarjeta y el porcentaje al que asciende la misma.

    Esto permitirá a los usuarios conocerlo de antemano y obrar en consecuencia que, tal y como defiende UCE, debe ser no entrando. “Si accedemos a este tipo de establecimientos y pagamos en efectivo les estaríamos haciendo el juego al comercio y nos convertiríamos en la moneda de cambio que permitiría al sector comercial negociar las comisiones con las entidades bancarias”, ha dicho Juan Moreno, secretario general de UCE.

    UCE es consciente de que la aprobación de esta ley no implica la obligatoriedad de imponer tales comisiones pero no entiende cómo el Gobierno negociará con comerciantes y entidades financieras los posibles recargos sin contar con los consumidores. UCE exigirá la presencia de los consumidores en este debate.

La Unión de Consumidores ha mostrado su más absoluto rechazo al Proyecto de Ley de Servicios de Pago que se aprobará mañana en el Congreso de los Diputados y que supone la transposición de la normativa europea a la española.

    Esta norma daría respaldo al cobro de comisiones al consumidor que pague con tarjeta en tiendas y establecimientos comerciales. UCE considera que se trata de la traslación a los consumidores de un conflicto histórico entre comercio y entidades financieras, que ya cobran comisiones por prestar este servicio.

    UCE considera necesario y urgente eliminar esta propuesta ya que es inaceptable que los consumidores  sean la “herramienta” –tal y como ha indicado el presidente de la Confederación Española de Comercio– para que los comerciantes negocien con la banca. Los ciudadanos no pueden convertirse en los rehenes de ninguna batalla empresarial, sobre todo si tenemos en cuenta que España es uno de los países europeos que paga las comisiones bancarias más altas y que las tarjetas de crédito son instrumentos que favorecen, principalmente, al sector comercial y financiero.

    Además, una medida así retraería el consumo de los ciudadanos que, legítimamente, comprarían menos en los establecimientos haciendo más difícil la salida de una situación de crisis como la que actualmente vivimos.

    Por último, y en caso de que se aprobara la Ley de Servicio de Pago, UCE exigirá la más absoluta transparencia en todo lo referente a información del sobrecargo y al etiquetado que, en algunos establecimientos y periodos comerciales, podría requerir hasta seis precios diferentes (es el caso de los llamados factorys, por ejemplo).