Sevilla, 2 de julio de 2009. La Unión de Consumidores de Andalucía valora el nuevo sistema para evitar recibir comunicaciones comerciales no deseadas llamado ‘Lista Robinson’ cuya renovación implica no sólo la exclusión en la recepción de correo postal publicitario sino que afecta también a las llamadas telefónicas, sms o correos electrónicos de empresas con las que no mantenga o no haya mantenido algún tipo de relación.

            Aunque se trata de un avance en lo que se refiere a los derechos de los consumidores –UCE-Andalucía recibe a diario consultas referentes a lo molesto que resulta este tipo de comunicaciones comerciales– y puede solucionar parte del problema, UCE-Andalucía lo considera insuficiente.

            De hecho, UCE-Andalucía no acepta que sean los usuarios los que tengan que autoexcluirse de estas listas cuando no saben cómo han sido incluidos en ellas, sobre todo si tenemos en cuenta que existen empresas que consiguen grandes sumas de dinero mediante la comercialización de datos personales. Además, no todas las entidades suscriben este tipo de iniciativas de manera que pueden seguir practicando estas irregularidades.

            Por todo ello, UCE-Andalucía demanda a las administraciones con competencia en este sector la imposición de sanciones ejemplarizantes tanto a las empresas que practican el llamado spam telefónico como a las que se lucran a través de la comercialización ilícita –y tan lucrativa– de los datos personales de los usuarios.

30 de junio de 2009. La Unión de Consumidores considera que la subida de la luz que se aplicará a partir de mañana es otra vuelta de tuerca a la situación tan crítica que padecen millones de españoles. En un mercado liberalizado, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la electricidad fijada por el Gobierno debería ser más baja para favorecer la libre competencia y, como consecuencia, las economías domésticas.

             Además, UCE teme que en la liberalización del mercado eléctrico ocurra como en el de las telecomunicaciones en el que el aumento de la oferta y la competencia no supuso beneficios para los usuarios sino todo lo contrario. La falta de control y la subcontratación de empresas comercializadoras que peleaban por un suculento mercado dieron lugar a que 165.000 familias sufrieran el slamming (preasignación fraudulenta y no consentida a otro operador telefónico).

            Por todo ello, UCE no sólo ha exigido durante meses a distribuidoras, comercializadoras eléctricas y administraciones la correspondiente información para los usuarios y las garantías en la calidad del servicio, sino que también ha reivindicado la aprobación de un contrato tipo consensuado con las organizaciones.

            Además de reclamar la correcta aplicación del bono social, UCE demanda al Ministerio de Industria la escrupulosa protección de los datos de todos los beneficiarios de esta tarifa.

            Por último, UCE  ha exigido a Industria que se persigan las conductas fraudulentas de captación de clientes para que no vuelva a darse la situación de caos y descontrol que padecieron tantas familias en la liberalización de la telefonía e Internet.