UCE-Andalucía pone en marcha una campaña en materia de videojuegos(24/11/08)

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.  Según  Francisco Babín, director general de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, más del 15 por ciento de los jóvenes de la capital sufre un alto riesgo de padecer una adicción al teléfono móvil, a Internet y a los juegos electrónicos.  Babín indicó que el riesgo de padecer esta adicción se ha multiplicado por cuatro en el último año y medio y que uno de los principales factores que están permitiendo este crecimiento exponencial es el desconocimiento de los padres de tecnologías como los mensajes sms o de programas como el 'messengger'.           

                    Por eso, y teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías son un regalo recurrente en estas fechas, UCE-Andalucía recomienda hacer una adquisición y un uso razonables, informados y adecuados a las características del usuario final. Además, UCE-Andalucía ha puesto en marcha una campaña informativa en esta materia en la que, a través de sus delegaciones provinciales, llevará a cabo una serie de talleres y charlas en las diferentes provincias y para lo que se basará en el decálogo elaborado por el Instituto Nacional del Consumo en colaboración con la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) y el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU), del que la Unión de Consumidores forma parte.

                     1. Se debe comprobar siempre la clasificación por edades y la descripción de contenidos que aparece en las carátulas de los videojuegos, especialmente los adheridos al sistema voluntario de clasificación “PEGI” que responde a criterios acordados internacionalmente. Este Código permite saber si los contenidos del videojuego son aptos para todas las edades, para mayores de 7, para mayores de 12, para mayores de 16 o para mayores de 18 años. Asimismo, permite conocer si el videojuego contiene violencia, sexo, imágenes que puedan generar miedo, referencias al consumo de drogas, lenguaje soez o discriminación de algún tipo.    

                     En cualquier caso, estas orientaciones deben considerarse siempre como una recomendación, y podrían no corresponderse con los criterios que el usuario considere idóneos. Además, esta clasificación la realiza la industria de forma voluntaria y sólo compromete a las empresas adheridas al sistema de clasificación PEGI.

                     2. Se debe recabar información sobre el contenido del videojuego, el tipo de escenas que incluye, qué valores transmite o su nivel de dificultad, ya que las clasificaciones de los videojuegos se refieren sólo al contenido, pero no al grado de complejidad del juego o la destreza necesaria para jugar con él. Con ese fin, puede consultarse la información existente, entre otras, en las páginas Web de los fabricantes o de la patronal del sector (www.adese.es); en las revistas y guías especializadas y en las páginas del Instituto Nacional de Consumo (www.consumo-inc.es.). También puede pedirse consejo al vendedor o solicitarle esta información por si dispone de ella. 

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La Junta prevé cerrar el Acuerdo por el Agua el próximo 4 de Diciembre(21/11/08)

          Los consumidores no pueden ser los únicos que asuman el encarecimiento del agua.

        –      Las administraciones deben tener en cuenta medidas que reduzcan el impacto económico sobre los usuarios  domésticos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008. En relación al Acuerdo por el Agua que la Junta pretende cerrar el próximo 4 de diciembre, la Unión de Consumidores de Andalucía considera necesario el consenso entre todos los operadores y agentes socioeconómicos sobre la financiación de las inversiones  previstas para la mejora de las infraestructuras hidrológicas en la comunidad autónoma. Sin embargo, UCE-Andalucía exige un compromiso análogo por parte de todos los agentes implicados de manera que no sean exclusivamente los usuarios domésticos los que sufraguen los costes derivados de dichas inversiones. 

                 Así se lo ha trasladado a Jaime Palop, director de la Agencia Andaluza del Agua, al que ha manifestado que el consumo doméstico no puede tener un tratamiento diferente del que se dé a los usos rentistas que, en opinión de UCE-Andalucía, deben asumir el encarecimiento del agua de manera proporcional al beneficio que obtienen de dicho recurso y de las infraestructuras para su gestión.          

                 Con relación al canon que se prevé en el Acuerdo Andaluz por el Agua, UCE-Andalucía ha hecho una serie de reivindicaciones que van desde  la contemplación de una tarifa social que garantice el derecho al agua, a la penalización de consumos excesivos, pasando por la aplicación de factores correctores en función del número de habitantes en la vivienda o la aplicación de dicho canon de manera progresiva en el tiempo. La norma ya recoge algunas de estas reivindicaciones, hecho que UCE-Andalucía valora positivamente.    

                 Sin embargo, UCE-andalucía exige que se definan de manera homogénea, por un lado, los criterios de precios y bloques para el conjunto del territorio andaluz que eviten las desigualdades existentes en la actualidad y, por otro, los de diferenciación en la aplicación del canon previsto que eviten que se dé una doble imposición (ciudadanos que paguen de nuevo por el coste de infraestructuras que ya han sufragado a través de los cánones de mejora).             

                  Además, UCE-Andalucía demanda que las medidas contributivas se apliquen equitativamente, de manera proporcional y simultánea a todos los usos. Tal y como los usos rentistas del agua han exigido financiación pública para la modernización y rentabilización de sus explotaciones, los suministros domésticos deberían contar con planes o fórmulas de ayuda a la financiación de la sustitución de contadores y modernización de instalaciones comunitarias para optimizar sus consumos frente a una estructura tarifaria e impositiva que va a penalizar los excesos, todo ello de forma complementara a las necesarias inversiones públicas en mejora de redes que minimicen las pérdidas reduciendo su repercusión en los precios.           

                  Por todo ello, UCE-Andalucía ha reclamado a la administración que dote a las entidades sociales de los recursos necesarios para poner en marcha los instrumentos de divulgación e información necesarios para explicar a la ciudadanía, en este contexto de crisis, las medidas que se diseñen para que sean asumidas de la manera más pacífica y responsable.