La  pretensión del Gobierno es moderar los precios pero la propuesta    legislativa en este sentido puede servir como coartada para incrementos desaprensivos de precios, inasumibles  para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas respecto a productos y servicios básicos como la energía, el transporte, la telefonía o las aguas.

Andalucía,  23 de septiembre de  2013.   La  Unión de Consumidores de Andalucía rechaza frontalmente   la  pretensión del Gobierno de eliminar la vinculación de la inflación con la fijación de precios y servicios regulados como el transporte, la luz o el teléfono, eliminando toda  referencia  al IPC en  los contratos  públicos  a partir del de enero  de 2014.  El Gobierno quiere que la modificación de precios, que es casi siempre funciona hacia el alza,  pueda ser  justificada sin limitación alguna por los costes del gestor  del   servicio o la  empresa.  El proyecto  de  Ley de  Desindexación,  que  podría  ser  aprobado a finales de septiembre en consejos ministros, puede suponer la derogación de todas las referencias en las leyes estatales, autonómicas y  locales a subidas vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Aunque quedarían  excluidos de la norma las pensiones, los impuestos, los instrumentos financieros y la negociación salarial colectiva de los funcionarios,  a la Unión de Consumidores de Andalucía le preocupa que los precios de productos y servicios básicos como la energía, el transporte, la telefonía y las aguas, así como la cuantía de tasas,  sanciones y contratos público de alquiler,  encuentren en  tal  modificación legislativa una  coartada para incrementar los precios de forma  inasumible para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

El gobierno excusa esta reforma en su intento de fomentar  “ una cultura de la moderación”,  pero mucho nos tememos en la Unión de Consumidores de Andalucía que solo de sirva de argumento de para la subidas en precios fundamentales que darán lugar, sin duda, a gran conflictividad social en todo los ámbitos.

Las noticias surgidas en los últimos tiempos sobre detenciones relacionadas con la venta de tabaco de contrabando en Cádiz dejan una clara evidencia: que a día de hoy, la nuestra es una de las provincias más afectadas por este delictivo problema.

Desgraciadamente, la venta de tabaco de contrabando se está extendiendo en nuestra sociedad contando, desde nuestro punto de vista, con una serie de consecuencias graves y negativas desde la perspectiva del Consumo.

En este sentido, los consumidores deben conocer que estos productos ilegales cuentan con cantidades de nicotina y alquitrán no controladas y, por tanto, en la mayor parte de los casos, son porcentajes mayores a los permitidos por las autoridades sanitarias de nuestro país. El riesgo está en que son productos no controlados por el Ministerio de Sanidad, pudiendo estar elaborados con sustancias desconocidos y peligrosas para nuestra Salud.

Cuentan por tanto con un etiquetado ilegal desde el punto de vista de lo que marca la legislación española vigente.

Otras cuestiones adicionales a esta del etiquetado y la composición son igualmente preocupantes para la Unión de Consumidores de Cádiz. Y es que al venderse en canales clandestinos, no se suele verificar la mayoría de edad del comprador de este tabaco de contrabando. Por tanto, hay un alto riesgo de venta de este producto a menores de edad dado que su precio es más económico que el tabaco legal y, además, permite la venta en fracciones de las cajetillas en kioscos, produciéndose en estos casos una venta incontrolada a jóvenes.

Igualmente, desde el punto de vista fiscal y de las cuentas públicas, la compra de tabaco clandestino conlleva una merma importante de éstas.

Por todo ello, la Unión de Consumidores de Cádiz echa en falta acciones de mayor control en esos canales clandestinos de venta, así como, campañas de concienciación entre la ciudadanía sobre los costes económicos y, sobre todo, sanitarios que conlleva el consumo de este producto ilegal.