Se trata éste de un fraude de etiquetado de sal yodada

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en el que las administración competente ha tardado dos años en actuar y lo que ha hecho ha sido muy leve e insuficiente con respecto a la gravedad del asunto.

Andalucía, 5 de septiembre de 2014. En su momento, Miguel A. Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía junto con representantes de la empresa Albareros S.L.U, denunciaban un fraude en el etiquetado y en la composición de ingredientes de casi todas las marcas de sal yodada que están en el mercado, señalando la falta de actuación por parte de las distintas administraciones públicas con competencia en la materia de cara a paralizar este grave asunto al contar los productos con una composición y un etiquetado incorrectos de cara al consumidor. En este sentido, el Decreto 1424/1983 considera que la sal yodada es la que tiene añadido yodato potásico, yoduro potásico u otro derivado yodado autorizado por la Dirección General de Salud Pública en la proporción de 60 mg de yodo por kilogramo de sal, admitiéndose una tolerancia del 15% al respecto ante posibles desviaciones (es decir, de 51 a 69 mg/kg).

En la rueda de prensa UCA-UCE y Albareros expusieron los análisis, tanto públicos como privados, que ponían de manifiesto las irregularidades que en el mercado se estaban produciendo con un grave perjuicio para quien cumple la normativa legal vigente pero, también y lo más importante, hacia el consumidor, víctima de un etiquetado presuntamente fraudulento y con un potencial perjuicio a largo plazo para su salud. Así, se exponían y presentaban análisis de marcas que tienen más, menos o incluso ninguna proporción de yodo en el producto, incumpliendo, por tanto lo que marca el Decreto 1424/1983.

En junio de 2012, se produjo una denuncia por parte de la empresa afectada a la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía que realizó toma de muestras y, desde nuestro punto de vista, realizó un envío incorrecto a otra administración pública, concretamente hacia el Ministerio de Sanidad, cuando realmente era la Junta la competente en la materia. En ese sentido, desde la Administración del Estado se remitía de nuevo el asunto el 5 de junio a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, al considerar que era la administración competente, por tratarse de un fraude en el etiquetado y la composición de ingredientes directamente sancionable por nuestra administración autonómica.

A pesar de que los análisis realizados a las tomas de muestras tomadas en el año 2012 indicaban estas irregularidades, se tardó más de un año en que se centrara el asunto en la administración competente y desde entonces, junio de 2013, la Consejería de Diego Valderas no ha realizado ninguna actuación hasta la semana pasada, en la que, tras una reunión solicitada por la empresa Albareros exponiendo su queja y posibles perjuicios por estas irregularidades, informaba que procedería a abrir expediente a dos marcas únicamente.

Desde la empresa Albareros se procedió también desde hace tiempo a dirigir comunicación a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, indicando la preocupación existente al incumplirse con respecto a este asunto lo prescrito por dicha Consejería en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contratación por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la gestión del servicio de comedor en los centros docentes públicos dependientes de dicha consejería, mediante procedimiento abierto. En dicho pliego, se indica que se barema con 0,5 puntos el uso de sal yodada cuando ésta sea utilizada para la preparación de todos los platos. Igualmente, se señala, en el apartado de normas a seguir en los menús, que se utilizará la sal yodada en aquellas preparaciones que necesiten ser condimentadas con sal, procurando hacer un uso moderado de la misma.

Sobre la base de ello, desde la UCA-UCE solicitamos que se inspeccione por parte de la Junta de Andalucía el uso de este producto en la forma legal que establece el RD 1424/1983 y que se verifiquen las puntuaciones para este año con el fin de que se garantice que en el sistema de concesión no hay alteración de la puntuación, así como, que se cumpla con esa obligación de utilización de sal yodada real en el caso de que se anuncie.