RECLAMACIONES A EMPRESAS DE ALQUILER DE COCHES Y AUTOCARAVANAS CRECEN UN 44%

Málaga, 27 de Julio de 2010 (EFE). Las reclamaciones a las empresas de alquiler de coches y autocaravanas aumentaron un 44 por ciento en 2009 con respecto al año anterior, por lo que la Junta de Andalucía realizará una campaña hasta finales de septiembre para vigilar que éstas respetan los derechos que asisten a los consumidores.

Los inspectores de Consumo de la Junta controlarán como mínimo un centenar de establecimientos de este tipo repartidos por las ocho provincias andaluzas con el objetivo de evitar posibles abusos contra los usuarios, según informa un comunicado de la Junta.

Dentro de los establecimientos que serán objeto de inspección durante esta campaña están incluidos los que ofrecen servicios en aeropuertos, estaciones e incluso en aquellos talleres de reparación de vehículos que ofrezcan alquiler de coches, dado que en ocasiones cuentan también con este tipo de prestaciones.

Del centenar de inspecciones que se efectuarán como mínimo en establecimientos de alquiler de vehículos de Andalucía, está previsto que los inspectores de Consumo hagan 8 en Almería; 15 en Cádiz; 9 en Córdoba; 12 en Granada; 7 en Huelva; 8 en Jaén; 20 en Málaga, y 21 en Sevilla.

Los incumplimientos en los precios, la desatención a los consumidores y las cláusulas abusivas son los motivos más frecuentes que están detrás de las denuncias presentadas por los usuarios.

Los inspectores de Consumo solicitarán al establecimiento inspeccionado ejemplares firmados de cada uno de los tipos de contrato que se oferten por parte de dicha empresa y en ellos se prestará especial atención a la inclusión de cláusulas abusivas y la utilización de prácticas desleales.

El consumidor tiene derecho a contar con una información clara sobre el precio final del servicio, incluyendo impuestos, así como sobre los conceptos que integran la cantidad total que deberá abonar el usuario.

Las sanciones recogidas en la normativa andaluza por la presencia de cláusulas abusivas en los contratos y por la detección de prácticas fraudulentas que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden llegar a los 30.000 euros, al considerarse infracciones graves.

Unión de Consumidores valora las actuaciones de la Agencia Andaluza de la Competencia

 
Sevilla, 23 de julio de 2010. Tras la reciente publicación de la resolución S 08/2010 sobre la “Emisora de Taxi de Córdoba”, Unión de Consumidores de Andalucía muestra su satisfacción porque las autoridades de defensa de la competencia comiencen a actuar para un correcto y equilibrado funcionamiento del mercado en este y en otros sectores. Así, frente a las descalificaciones que se están vertiendo en los medios de comunicación por los sancionados frente a este organismo administrativo contemplado en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, Unión de Consumidores aprovecha la ocasión para trasladar a la opinión pública que, en ningún caso comparte que estas actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia sean una “caza de brujas”, como lamentablemente ha manifestado algún representante de las organizaciones del sector del taxi. Todo lo contrario la actuación de la Agencia pone en valor el fin general de la misma que no es otro sino promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Con relación a este servicio público del taxi Unión de Consumidores lamenta la reiterada dejadez de muchas corporaciones municipales por su falta de actuación ante las quejas y reclamaciones de los usuarios y de sus organizaciones representativas y especialmente la falta de iniciativa para le necesaria y urgente regulación de los servicios de radio-taxi en una posición equilibrada que respete los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero que también establezca obligaciones y medidas que eviten situaciones lesivas hacia los profesionales del sector. Eso sí, nunca con “listas negras”, sino con una justa regulación que evite arbitrariedades corporativas fuera del control de las administraciones -llamadas a preservar el buen funcionamiento de un servicio público como el taxi-, que también han afectado muy negativamente a otros sectores empresariales como el de la hostelería en un ámbito tan estratégico para Andalucía como es el del turismo. A este respecto, Unión de Consumidores de Andalucía se dirigirá también por escrito a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias-FAMP para que acometa labores de impulso y coordinación con relación a las necesarias ordenanzas municipales sobre esta materia.