–      Las administraciones deben tener en cuenta medidas que reduzcan el impacto económico sobre los usuarios  domésticos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008. En relación al Acuerdo por el Agua que la Junta pretende cerrar el próximo 4 de diciembre, la Unión de Consumidores de Andalucía considera necesario el consenso entre todos los operadores y agentes socioeconómicos sobre la financiación de las inversiones  previstas para la mejora de las infraestructuras hidrológicas en la comunidad autónoma. Sin embargo, UCE-Andalucía exige un compromiso análogo por parte de todos los agentes implicados de manera que no sean exclusivamente los usuarios domésticos los que sufraguen los costes derivados de dichas inversiones. 

                 Así se lo ha trasladado a Jaime Palop, director de la Agencia Andaluza del Agua, al que ha manifestado que el consumo doméstico no puede tener un tratamiento diferente del que se dé a los usos rentistas que, en opinión de UCE-Andalucía, deben asumir el encarecimiento del agua de manera proporcional al beneficio que obtienen de dicho recurso y de las infraestructuras para su gestión.          

                 Con relación al canon que se prevé en el Acuerdo Andaluz por el Agua, UCE-Andalucía ha hecho una serie de reivindicaciones que van desde  la contemplación de una tarifa social que garantice el derecho al agua, a la penalización de consumos excesivos, pasando por la aplicación de factores correctores en función del número de habitantes en la vivienda o la aplicación de dicho canon de manera progresiva en el tiempo. La norma ya recoge algunas de estas reivindicaciones, hecho que UCE-Andalucía valora positivamente.    

                 Sin embargo, UCE-andalucía exige que se definan de manera homogénea, por un lado, los criterios de precios y bloques para el conjunto del territorio andaluz que eviten las desigualdades existentes en la actualidad y, por otro, los de diferenciación en la aplicación del canon previsto que eviten que se dé una doble imposición (ciudadanos que paguen de nuevo por el coste de infraestructuras que ya han sufragado a través de los cánones de mejora).             

                  Además, UCE-Andalucía demanda que las medidas contributivas se apliquen equitativamente, de manera proporcional y simultánea a todos los usos. Tal y como los usos rentistas del agua han exigido financiación pública para la modernización y rentabilización de sus explotaciones, los suministros domésticos deberían contar con planes o fórmulas de ayuda a la financiación de la sustitución de contadores y modernización de instalaciones comunitarias para optimizar sus consumos frente a una estructura tarifaria e impositiva que va a penalizar los excesos, todo ello de forma complementara a las necesarias inversiones públicas en mejora de redes que minimicen las pérdidas reduciendo su repercusión en los precios.           

                  Por todo ello, UCE-Andalucía ha reclamado a la administración que dote a las entidades sociales de los recursos necesarios para poner en marcha los instrumentos de divulgación e información necesarios para explicar a la ciudadanía, en este contexto de crisis, las medidas que se diseñen para que sean asumidas de la manera más pacífica y responsable.  

             -La federación trasladará su queja al Ministerio de Industria a través de la Junta de Andalucía.

-Los consumidores son agentes implicados en un proceso en el que, de momento, no se les ha dado voz.   

–Que Andalucía sea una de las comunidades con menor renta per cápita pone de manifiesto la necesidad de un debate sobre las fórmulas de bonificación.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008. UCE-Andalucía exige su presencia en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Industria y las eléctricas para dar solución al déficit tarifario. Aunque UCE-Andalucía valora positivamente las iniciativas de Industria para abaratar el coste de la luz a las rentas más desfavorecidas como consecuencia del alza de precios que provocará la liberalización del sector a primeros de año, no entiende cómo se están pactando sin contar con los consumidores, parte directamente afectada en todo este proceso. 

                Desde hace un mes,  Ministerio de Industria y eléctricas han iniciado un proceso de debate acerca del llamado déficit tarifario sin contar con los legítimos interlocutores de los usuarios del servicio eléctrico que, por cierto, cuestionan los propios fundamentos y cuantías del mismo. La Unión de Consumidores no tiene constancia de los elementos que conforman este déficit (costes que lo integran, cálculos de los mismos, cuantía total…) y demanda información y participación como requisito inexcusable para debatir los incrementos tarifarios que se están barajando y que la CNE ha llegado a cifrar en un desmesurado 30%.   

              Aunque el Ministerio de Industria contemple la protección de las familias con rentas más bajas, UCE-Andalucía apuesta por el estudio pormenorizado y detenido de los mecanismos de ayuda. Éstos deben tener en cuenta no sólo la potencia contratada (como hasta ahora hacía la tarifa social) sino también otros mucho más significativos, como el área territorial en la que se encuentre al casa, el número de miembros de la unidad familiar o la renta de los mismos. Según el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía es la penúltima comunidad en renta per cápita (sólo superada por Extremadura) y los criterios utilizados por el momento  pueden propiciar desequilibrios y no cubrir las necesidades reales de esas economías más desfavorecidas.

              Por todo ello, UCE-Andalucía demandará a la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía que traslade a los órganos de decisión estatales  su reivindicación de transparencia en todo este proceso y, sobre todo, la participación de los consumidores en una cuestión, la del déficit tarifario, que les afecta directamente y en la que, de nuevo, se presentan como el eslabón más débil de la cadena.