PC City debe informar a los consumidores sobre la atención a sus clientes en materia de garantía.

18 abril, 2011 by

Madrid, 15 de abril de 2011.Ante el anuncio de PC City del inminente cierre de todos sus establecimientos ubicados en nuestro país, la Unión de Consumidores de España ha requerido a la empresa para que señale cómo va a llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la venta de sus productos en España. De esta manera, UCE solicita a PC City que informe de las medidas adoptadas para atender a las posibles reclamaciones de miles de consumidores que han confiado en su empresa y en sus productos, tanto de aquellos que han adquirido productos en los últimos dos años, como los que procedan a hacerlo en el periodo de liquidación.

La Unión de Consumidores de España recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece concretamente en cuanto a responsabilidad y plazos en materia de garantía que es “el vendedor quién debe responder de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega del producto”, sin perjuicio, de cualquier otra obligación adquirida tanto por la venta de bienes como por la prestación de sus servicios.

La compañía británica Dixon Retails anunció el pasado 30 de marzo que había iniciado un proceso de análisis para estudiar la posible salida de España. En comunicado de prensa, la compañía anunció ayer, 14 de abril, "que tras estudiar todas las opciones posibles para PC City España ha decidido iniciar formalmente el proceso de salida del mercado español".

La Unión de Consumidores de España espera que la compañía cumpla rigurosamente sus obligaciones legales con los consumidores. Así mismo, UCE insta a las autoridades responsables en materia de consumo que ejerzan sus labores de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

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UCA-UCE lamenta la falta de compromiso político para acabar con las prácticas abusivas bancarias.

13 abril, 2011 by

12 de abril de 2011.De nuevo una oportunidad perdida. Esta vez, los parlamentarios españoles han decidido decir no a limitar la aplicación "abusiva" de cláusulas suelo por parte de las entidades financieras en sus préstamos hipotecarios. Ha sido hoy, en la Comisión de Justicia del Congreso, cuando se han rechazado dos enmiendas de ERC-IU-ICV al proyecto de ley de Contratos de Crédito al Consumo.

Esta iniciativa proponía que las cláusulas suelo no sobrepasen el 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la firma del contrato. Estas cláusulas establecen mínimos para los tipos de interés que los consumidores pagan a bancos y cajas en las hipotecas contratadas para adquirir una vivienda.

La Unión de Consumidores de Andalucía lamenta la falta de voluntad política para corregir las innumerables cláusulas abusivas puestas en práctica por las entidades bancarias. Los ciudadanos con un préstamo hipotecario a sus espaldas llevan meses sufriendo las consecuencias devenidas de la crisis económica: pérdida del poder adquisitivo, un alto índice de paro, la subida del Euribor, que supera el 2%, y la última decisión del Banco Central Europeo, que la semana pasada anunció una subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos, alcanzando el 1,25. Como ya denunció en su día la Unión de Consumidores de España, esta medida supondrá un incremento de 255 euros al año para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años. Para aquellos que su hipoteca sea de 120.000 euros a 20 años la subida rozará los 190.  Es decir, un nuevo varapalo para las economías de los españoles.

La iniciativa votada hoy suponía una oportunidad para remediar, en parte, algunas de los abusos que durante la época de vacas gordas cometieron las entidades bancarias contra sus clientes. Sin embargo, la votación ha sido rechazada con 22 votos en contra, por lo que su inclusión en esta reforma legislativa queda definitivamente desestimada.

La Unión de Consumidores de Andalucía lamenta la escasa sensibilidad de la mayoría del arco parlamentario que se niega no sólo a permitir la dación de la vivienda en concepto de pago de la hipoteca sino a admitir una reforma legal que hubiera permitido un respiro a aquellos ciudadanos que viven bajo el yugo hipotecario. 

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