Andalucía, 26 de julio de 2012. El continuo recorte presupuestario a la Ley de la Dependencia practicado por Rajoy deja en el aire la viabilidad de un servicio, "un derecho", que ha permitido en los últimos años "dar carta de ciudadanía" a un colectivo hasta ahora marginado. Un recorte que ha puesto en pie de guerra a las organizaciones sociales, sindicales y, por supuesto, a los propios afectados.

Más de 196.000 andaluces reciben en estos momentos la ayuda a la dependencia. Los recortes pueden suponer la pérdida de servicios, la exclusión social de estas personas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. El sector emplea en nuestra comunidad a 78.000 trabajadores, en su mayoría mujeres que hasta ahora no habían conseguido incorporarse plenamente en el mercado laboral.

La situación es "muy grave" y por eso las asociaciones que integran Compromiso Social para el Progreso, entre ellas la Unión de Consumidores de Andalucía, han mantenido este jueves un encuentro con el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en busca de su mediación y apoyo a sus reivindicaciones.

“En momentos de crisis, el mantenimiento del sistema de dependencia constituye todo un necesario ejemplo de solidaridad social que esta sociedad no puede permitirse eliminar”, ha afirmado Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. “Dejar desasistidos a los dependientes, a las familias, empresas o instituciones que realizan la noble tarea de su cuidado es un importante retroceso”.  El sistema de atención a la dependencia tuvo su origen en un amplio acuerdo social y político y, tal y como ha afirmado Moreno, “cualquier actuación de reforma o recorte del mismo requiere siempre la salvaguarda de ese consenso social”.

Los representantes de las organizaciones sociales han entregado al Defensor del Pueblo andaluz un manifiesto en defensa de la ayuda a la dependencia en el que piden al Gobierno central propiciar un amplio acuerdo social y político "para hacer las reformas que pudiera necesitar la Ley". Exigen, además a Rajoy, que reponga el derecho subjetivo y universal y mantenga los servicios de la dependencia con la suficiente garantía financiera como para asegurar su sostenibilidad.

Andalucía, 22 de julio de 2012. En el ámbito del transporte aéreo existe gran complejidad y dispersión respecto a las normas reguladoras, lo que incide negativamente sobre el régimen de responsabilidad de los transportistas aéreos frente a los pasajeros. A esto se une el que en la actualidad el auge del transporte aéreo haya incidido dramáticamente en su calidad. Por ello, y siendo el transporte de pasajeros uno de los instrumentos esenciales para el desarrollo de los principios de la Unión Europea de libre circulación de mercancías y ciudadanos, la Comisión Europea está sometiendo a evaluación el vigente marco normativo, solicitando su dictamen al Consejo Económico y Social Europeo (CES-E).

    En dicho dictamen, el CES-E considera necesario abordar una reforma del Reglamento que consolide en un único texto todos los derechos de los pasajeros del transporte aéreo, incorporando la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión, definiendo el alcance, concreción e identificación de lo que se entiende por «circunstancia extraordinaria» y hasta dónde alcanza el derecho de asistencia, abarcando otros aspectos a los que se hace referencia en el texto del Dictamen, para garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros.

    En tal sentido, se considera que la información a los pasajeros debe ser mejorada y sus derechos deben serles comunicados de forma clara. Se debería ampliar esa información a las zonas de embarque y, en todo caso, debería incrementarse el esfuerzo de difusión de los derechos de los pasajeros a otros actores de la sociedad civil organizada, tales como organizaciones de consumidores, etc.
   
El CES-E considera que las compañías aéreas son las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones de compensación e indemnización frente al pasajero, sin perjuicio de que puedan repetir contra terceros ajenos al contrato de pasaje que hayan ocasionado el hecho causante del retraso o cancelación. Asimismo considera que deberían establecerse mecanismos rápidos y eficaces para estas acciones de reembolso.

    También entiende el Consejo que debe incrementarse la transparencia mediante el uso de instrumentos eficaces de intercambio, incluidas las decisiones de carácter administrativo y judicial, y la publicación de las sanciones impuestas y el nivel de cumplimiento del Reglamento 261/2004 por parte de los operadores. Por último, señala que deben establecerse procedimientos de tramitación armonizados, accesibles, y eficaces, con plazos determinados, cuyas decisiones resulten vinculantes.

Desde la Unión de Consumidores de Andalucía esperamos que esta nueva regulación incida en la concreción de mayores sanciones ante incumplimientos de la normativa, todo ello con el fin de evitar la repetición de conductas que perjudiquen gravemente los intereses de los usuarios de este topo de transporte. En este sentido, sanciones ejemplarizantes evitarían muchas de las situaciones que actualmente se están produciendo en el transporte aéreo.