Andalucía, 5 de junio de 2013. Una delegación de la Unión de Consumidores de Andalucía comparece esta tarde ante la comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz para presentar sus alegaciones el Proyecto de Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

    La Unión de Consumidores, ante la grave situación económica por la que atraviesa la sociedad andaluza, celebra cualquier iniciativa orientada a ayudar a tanta y tanta gente que está perdiendo sus hogares y orientada a aliviar las situaciones difíciles que padecen. UCA-UCE aplaude que esta ley penalice la desocupación de viviendas, ya que ésta representa el mayor exponente del incumplimiento de la finalidad del bien y de su función social de un derecho recogido en la Constitución. Este hecho cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que se ha producido un mayor número de desahucios por entidades financieras, condenando a muchas personas a la exclusión y marginación, tal y como puede comprobar a diario UCA-UCE en la labor diaria que hace en las diferentes oficinas de atención a las personas consumidoras y usuarias.
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Sin embargo, la Unión de Consumidores de Andalucía considera fundamental que se dote presupuestariamente de una manera conveniente dicha iniciativa, de manera que este proyecto no se quede en un simple ‘brindis al sol’ que defraudaría a tantas personas que han depositado en él sus esperanzas y que corren un alto riesgo (o lo están padeciendo ya) de exclusión social. Y es que en el texto existen varias disposiciones que dependen de las “disponibilidades presupuestarias”, y la Unión de Consumidores teme que, bajo este argumento o condicionante, muchos de los aspectos contemplados queden en papel mojado. Teniendo esto en cuenta, UCA-UCE no ha querido pasar por alto en su comparecencia la oportunidad de aplaudir una iniciativa singular y transformadora que debe hacerse realidad y, dicho sea de paso, convertirse en un ejemplo que pueda sin duda trasladarse al resto del territorio estatal.

Andalucía, 5 de junio de 2013. Habiendo tenido conocimiento de que los servicios provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía están participando en una campaña de ámbito nacional para comprobar el etiquetado y las condiciones de venta de comidas preparadas, incluidas las que ofertan las máquinas expendedoras, desde la Unión de Consumidores de Andalucía queremos valorar esta iniciativa nacional que se ha hecho eco de la denuncia que, como federación de consumidores realizamos hace unos días.

En el momento que realizamos la denuncia sobre la falta de información al consumidor de estas máquinas, advertíamos de que muchas de ellas eran expendedoras de productos alimenticios, estando, por tanto, en peligro la salud de los consumidores en el caso de que pudiera originarse algún tipo de intoxicación alimentaria como consecuencia del mal estado de algunos de estos productos expuestos a la venta bajo esta modalidad.

Según ha trascendido, la campaña se desarrollará hasta el próximo mes de julio en las provincias de Jaén, Málaga y Sevilla, donde se realizarán un total de 95 actuaciones de control del etiquetado de las que 50 serán en productos y 45 en máquinas automáticas. Desde nuestro punto de vista, se deberían realizar iguales inspecciones en el resto de nuestra Comunidad Autónoma y no solo en estas tres provincias y, además, incrementar el número de inspecciones en cuanto a su número se refiere.

    No obstante, consideramos que esta medida tomada por los servicios de inspección del Instituto Nacional de Consumo, en coordinación con el resto de Comunidades Autónomas, es positiva desde el punto de vista de la colaboración que debe existir por parte de las Administraciones Públicas con las organizaciones de consumidores y usuarios representativas de los intereses y derechos de éstos.