Cádiz, 30 de diciembre de 2010. Llegando a finales de 2010 es hora de hacer balance de lo que ha sido el ejercicio con relación a los derechos y la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores. Sin duda no ha sido este un buen año y si hubiera que ponerle un calificativo habría que hablar de “muy lesivo”; situación esta especialmente preocupante en un contesto de crisis generalizada como el que hemos vivido. Ha sido 2010 un año de crisis, un ejercicio de consumidores preocupados por sus economías domésticas y angustiados por la dureza de las medidas anticrisis que se han ido adoptando que, con el argumento de la necesidad de proteger “los mercados” se han caracterizado por hacer destinatarios de los apoyos públicos a los causantes de la crisis, castigando con recortes continuos a la ciudadanía que la sufre y padece.
Así, en el citado contexto de crisis económica, los grandes conflictos sociales en materia de consumo se han ido sucediendo uno tras otro: las cancelaciones de vuelos en toda Europa por las nubes de cenizas volcánicas, la quiebra de Viajes Marsans en pleno período vacacional, la subida del IVA, los errores en los borradores de la declaración del IRPF, los diferenciales superiores como media al 500% de los productos agroalimentarios entre origen y destino, el pagar los servicios de telecomunicaciones mas caros de la Unión Europea, el salvaje paro de los controladores aéreos en el Puente de diciembre o la incesante y abusiva subida del recibo de la luz. En este último caso, por su cercanía, tras las escandalosa subida del 10%, hemos asistido incluso a algunas declaraciones institucionales (Comisión Nacional de la Energía o Comisión Nacional de la Competencia) matizando lo que ya intuimos como Unión de Consumidores y es que no todo lo que las eléctricas venden al Gobierno como “déficit tarifario” para justificar una subida importante de las tarifas no está para nada fundado. En este caso, los consumidores terminamos el año esperando una explicación convincente sobre los conceptos que integran ese déficit y su forma de cálculo.
Ha sido 2010 también un año de continuas alertas en materia de consumo, con multiplicidad de situaciones en productos o servicios que, como Unión de Consumidores hemos ido denunciando: la reiterada actuación de la banca en materia de seguros, la problemática de las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios, la privilegiada situación de la banca española en materia de desahucios hipotecarios –el banco se queda con la vivienda, pero el desahuciado sigue pagando tras perderla-, las irregularidades en los negocios de compraventa de oro, la comercialización de juguetes o disfraces inseguros, la publicidad, distribución y venta de productos crecepelos fraudulentos, las irregularidades en la venta de aceite de oliva o productos derivados del cerdo ibérico, o la generalización en internet de fenómenos como el phising o los avisos de premios en concursos para obtener datos de carácter personal o bancarios.
No ha sido en definitiva un buen año, con situaciones en las que lamentablemente, también hemos echado en falta un comportamiento más sensible de las administraciones en las decisiones que han ido tomándose en un período de crisis como este y una intervención más inmediata y contundente de las autoridades de consumo –las autonómicas y las estatales- sobre todo a la hora de actuar y fijar las responsabilidades cuando estas situaciones lesivas se han producido. Con ello evitarían lo que muchas veces acontece y es que tristemente las responsabilidades pueden quedar eludidas, sumidas en muchos casos en cruces de inculpaciones que terminan en no proteger los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios. Las leyes están hechas pero, ni se respetan, ni se controla su cumplimiento, ni se sanciona con contundencia a los infractores.
