Dichos órganos permiten que aquello que se pueda perder o ceder en vía de acuerdo se gane en respeto, imagen y credibilidad, y se fomente el diálogo social desde sus niveles más elementales, para alcanzar su mejor expresión en la articulación de acuerdos de índole general entre los agentes sociales en conflicto.
Por último y sin mayor ánimo de exhaustividad, hay que referir el sometimiento al arbitraje de consumo como el sistema voluntario de protección de los consumidores más comprometido y valioso, en la medida en que supone la renuncia a la tutela judicial efectiva en vía jurisdiccional ordinaria a favor de una instancia alternativa, especializada y especialmente sensible sobre la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, a la vez que asequible, rápida y de mínimo coste para el reclamante.
Hay que poner en valor este sistema y la adhesión al mismo como la mejor expresión de calidad añadida al producto o servicio prestado a través de un compromiso social y empresarial libremente asumido, que implica voluntaria y activamente al prestador de los mismos en la política de protección al consumidor que demanda la Unión Europea.
Consideramos que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa define un marco propicio para el desarrollo de estos cauces voluntarios para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios europeos, los institucionaliza e impulsa en el Mercado Interior, y con ello dota a la Sociedad Civil de los mejores mecanismos para dinamizar su vertebración y el diálogo socio-económico a estos niveles, lo que justifica, sin duda, nuestra apuesta por su ratificación, ya que apostar por ello es apostar por nosotros como organizaciones representativas, por nuestra capacidad para intervenir como agentes sociales, trabajando junto a los poderes públicos y las organizaciones empresariales o profesionales.
Unión de Consumidores de España-UCE
