Andalucía, 31 de mayo de 2013. Andalucía es una de las autonomías en las que más presente está la venta ilegal de tabaco de contrabando, una realidad que se está extendiendo y haciendo cada vez más presente cuando se trata de una actividad que acarrea una serie de consecuencias graves y negativas desde la perspectiva del Consumo.

En este sentido, los consumidores deben conocer que estos productos ilegales cuentan con cantidades de nicotina y alquitrán no controladas y, por tanto, en la mayor parte de los casos, son porcentajes mayores a los permitidos por las autoridades sanitarias de nuestro país. El riesgo está en que son productos no controlados por el Ministerio de Sanidad, pudiendo estar elaborados con sustancias desconocidas y peligrosas.

Cuentan por tanto con un etiquetado ilegal desde el punto de vista de lo que marca la legislación española vigente.

Otras cuestiones adicionales a esta del etiquetado y la composición son igualmente preocupantes para la UCA-UCE. Y es que al venderse en canales clandestinos, no se suele verificar la mayoría de edad del comprador de este tabaco de contrabando. Por tanto, hay un alto riesgo de venta de este producto a menores de edad dado que su precio es más económico que el tabaco legal y, además, permite la venta en fracciones de las cajetillas en kioscos, produciéndose en estos casos una venta incontrolada a jóvenes.

Igualmente, desde el punto de vista fiscal y de las cuentas públicas, la compra de tabaco clandestino conlleva una merma importante de éstas.

Por todo ello, la Unión de Consumidores de Andalucía echa en falta acciones de mayor control en esos canales clandestinos de venta, así como, campañas de concienciación entre la ciudadanía sobre los costes económicos y, sobre todo, sanitarios que conlleva el consumo de este producto ilegal. Así, UCA-UCE recomienda a los consumidores comprar tabaco en los estancos y las máquinas expendedoras que son los establecimientos habilitados para ello y que garantizan el correcto etiquetado y la procedencia de las cajetillas que venden.

Andalucía, 28 de mayo de 2013. La Unión de Consumidores y el Consejo de Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos de Andalucía quieren alertar acerca de la falta de información que hay con respecto al certificado energético de viviendas que tendrá que realizarse para ventas o alquileres de viviendas construidas antes del año 2007 y que entrará en vigor el próximo 1 de junio.
Y es que cuando a penas quedan tres días para la puesta en práctica de dicho decreto, las Administraciones Públicas no han informado debidamente a la ciudadanía ni a sus legítimos interlocutores: las asociaciones de consumidores y usuarios.
UCA-UCE también quiere advertir de que en este contexto de crisis que padecemos, el hecho de que el certificado cueste unos 250 euros puede disuadir a muchos arrendatarios que terminarán optando por no regularizar sus alquileres.
Tanto consumidores como peritos quieren alertar del peligro que supone en estas circunstancias el intrusismo, por lo que ambas entidades van a poner en marcha el Observatorio de la Eficiencia Energética para informar a los consumidores sobre esta cuestión y recomendar profesionales acreditados para realizar este tipo de certificaciones. Además, a través de este observatorio se podrá realizar denuncia de las posibles irregularidades que puedan producirse en esta materia.