DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN APOYO AL REFEREDUM SOBRE EL TRATADO POR LA QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA, A CELEBRAR EL 20 DE FEBRERO DE 2005

El movimiento asociativo de consumo en España tiene como objetivo la mejora de los niveles de protección de los consumidores y usuarios, elevar los estándares de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y fomentar la participación democrática en la toma de decisiones en todos aquellos aspectos y ámbitos que afectan, de manera directa o indirecta, a la vida cotidiana de los mismos.

La Unión Europea comparte los mismos objetivos y ha sido un referente de enorme valor para este movimiento.

El Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano de representación y participación de las organizaciones de consumidores, valora positivamente el texto del Tratado que se someterá a referéndum el próximo día 20 de febrero, y esta valoración se fundamenta en que el texto Constitucional reconoce principios que son sustanciales para alcanzar los objetivos y los fines por los que trabajan las organizaciones de consumidores del Estado español.

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LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

“ SISTEMAS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “

En principio, los objetivos y fines perseguidos por la Unión Europea en relación con los derechos de los ciudadanos, y en especial los preferidos a la protección de los consumidores y usuarios y otros muy relacionados con éstos, (como el bienestar de las personas, el desarrollo sostenible, el comercio libre y justo, la Justicia sin fronteras, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre generaciones, la protección de los derechos del niño, etc…), han de ser el resultado previsible de la adopción de las medidas legislativas y reglamentarias que creen el marco legal adecuado y los instrumentos de tutela, control, inspección y sanción pertinentes, para garantizar que las diferentes actuaciones de las personas, instituciones, empresas, entidades, administraciones, etc. los respeten en el desarrollo de las actividades que les sean propias.

Y ello porque nadie puede cuestionar que resulta imprescindible que unas relaciones de consumo que afectan a bienes y servicios de toda índole (desde los más superfluos hasta los más esenciales) cuenten con un marco regulador básico que garantice los derechos más fundamentales de los ciudadanos de la Unión, con carácter prioritario y sin menoscabo del respeto debido a la libertad de mercado y la libre competencia.

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